La Comisión de Educación del Congreso se allanó a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, para que el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) a los maestros nombrado sea del 100% de su remuneración por año, y se pague de manera progresiva hasta el año 2024.
La propuesta de allanamiento fue sustentada por el legislador Alex Paredes Gonzales (PL) y fue aprobada por 14 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Como se recuerda, el Congreso aprobó la ley que dispone que el pago del CTS sea de una remuneración por año, y empiece a pagarse desde este 2022. El gobierno observó la ley y propuso un pago progresivo hasta el 2024.
En la actualidad solo se abona anualmente a los profesores por concepto de CTS el 14% de la remuneración mensual.
Según el dictamen, la CTS se otorga al momento del cese del profesor, a razón del 100 % de su Remuneración Íntegra Mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales.
Así, y de manera excepcional, los profesores que cesen en el año fiscal 2022 recibirán este beneficio en el siguiente orden: un 50 % en el 2022, un 20 % en el 2023 y el 30 % en el 2024.
En el caso de los profesores que cesen en el año fiscal 2023, se efectuará de la siguiente manera: 70% en el año fiscal 2023 y el 30 % restante en el 2024.
Salud mental
La Comisión de Educación también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 987/2021-CR, de autoría del legislador Waldemar Cerrón Rojas (PL), que propone la ley que declara de interés nacional la promoción de la salud mental en las instituciones educativas de educación básica.
Cerrón Rojas afirmó que se busca llamar la atención del Legislativo porque es necesario la intervención de un profesional de Psicología en cada centro educativo, para prevenir casos de acoso sexual, bulling y otras enfermedades psicológicas.
“Se debe contar con el ejercicio profesional del psicólogo en sus diferentes especialidades. Por el fortalecimiento de la familia, la niñez tal como lo estipula también el Acuerdo Nacional”, refirió.
La propuesta dispone que el Poder Ejecutivo se encargue de las acciones necesarias para implementar la salud mental.
