Especialistas formulan una serie de propuestas que tienen como norte reducir en 20 puntos porcentuales los índices del trabajo no formal en cinco años. Es importante impulsar el régimen pyme como modelo base, señalan.

Simplificar la legislación laboral, así como facilitar el cumplimiento de la tributación y la declaración jurada anual del impuesto a la renta (IR), son algunas de las propuestas que se incluyen en un informe del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) para reducir en 20 puntos porcentuales los índices del trabajo informal durante los próximos cinco años.

En la investigación Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad, del proyecto Perú Debate 2021, bajo autoría de Pablo Lavado y Gustavo Yamada, el primero de los nombrados precisa que la “informalidad laboral constituye uno de los problemas estructurales más importantes que enfrenta el país y que la pandemia del coronavirus (covid-19) contribuyó a agudizar”.

Crecimiento

No obstante el éxito macroeconómico durante el período 2004-2013, “en el que hemos tenido tasas de crecimiento de la economía anual por encima del 6%, la tasa de informalidad laboral disminuyó en menos de un punto porcentual por año, pues pasó del 80% al 72% en el 2019”, refiere.

Al comentar su informe, Lavado precisa que la velocidad con la que crecieron los sueldos y disminuyó la pobreza no fue la misma asociada a la reducción de la informalidad laboral. “Para los niveles per capita del Perú, la tasa debería estar en 50%. Sin embargo, ahora sobrepasa el 70%. Es decir, hay 20 puntos porcentuales de exceso”, recalca.

De acuerdo con estudios efectuados, el experto detalla que son tres las principales razones que explican el elevado nivel de informalidad: altos costos laborales y no laborales, un sistema tributario complejo, así como una excesiva y poco eficaz regulación laboral.

Frente a esta situación, el informe Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad plantea una serie de medidas destinadas a cambiar la situación y la primera propuesta se dirige a consolidar los regímenes tributarios vigentes.

“La política tributaria debería orientarse hacia la simplificación de los regímenes del impuesto a la renta. En este contexto, algunas medidas inmediatas que se pueden adoptar es eliminar el RUS gradualmente en un período de 3 o 4 años, mediante una reducción progresiva de los umbrales de este régimen”, detalla.

El experto considera conveniente también no permitir que más empresas entren a este régimen único simplificado, así como comunicar y popularizar el régimen de la pequeña y mediana empresa (pyme).

“La implementación del régimen pyme desde el 2008 hasta el 2018 contribuyó a mejorar las tasas de formalización en la pequeña empresa en 10 puntos porcentuales con respecto a las de otros tamaños. Tal vez se puede tomar este régimen como base de uno general único que ayude a la formalización de las empresas y desincentive la atomización de estas”, asevera.

Lavado plantea como otra medida la simplificación de la normatividad laboral. “Esta cuenta con 136 normas, 1,400 páginas y 2,000 artículos. Por tanto, no podemos esperar que una micro o pequeña empresa tenga la capacidad de cumplirla a cabalidad”, alerta.

“Resulta necesario conducir un análisis de impacto regulatorio para simplificar la gran cantidad de procedimientos innecesarios, eliminar otros y optimizar unos cuantos”, expresa.

El especialista plantea, además, implementar la remuneración integral anual (RIA) para el personal que gane salarios menores a 2 unidades impositivas tributarias (UIT). “Esto ayudaría a otorgar mayor liquidez a los trabajadores”, agrega.

Fiscalización

“Otra propuesta es fortalecer la fiscalización laboral y que se concentre no en los de siempre, sino que busque los bolsones de informalidad que están en los comercios, servicios, transportes, agricultura, cada uno con sus matices”, afirma.

Además, refiere, es necesario, en paralelo, potenciar un componente de acompañamiento que contribuya a que estas micro y pequeñas empresas transiten a la formalización y/o se mantengan en esta condición.

Lavado considera conveniente también facilitar el cumplimiento de la tributación mediante las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la declaración jurada anual del impuesto a la renta. “A propósito de esta gran base de datos que se construyó para la transferencia de los bonos de emergencia, debemos aprovechar esa información de los hogares del Perú y que sea la única base de datos del Estado peruano”, precisa.

“Que interopere y que la manejen cada una de las instituciones del sector público, los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de Economía y Finanzas, y de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)”, señala.

Es una base de datos que está ayudando a acercar los hogares al Estado para hacer frente a los shocks que vive el país y que se podrían repetir en el futuro. “A la vez, se debe exigir a todos los trabajadores de entre 14 y 65 años que presenten una declaración jurada anual de sus ingresos supersimples y que año a año haya una validación aleatoria de esta declaración”, puntualiza.

Subvención

El Perú debería transitar a contar con un sistema de protección social que esté desvinculado de la relación laboral y, en ese sentido, es necesario asegurar la protección de los trabajadores independientes, señala Pablo Lavado.

“Los trabajadores independientes ahora mismo no están protegidos ante estos shocks de ingresos, estos shocks económicos, y lo que planteamos es que reciba una subvención por un período que puede ser de tres a seis meses”, precisa.

El especialista propone que el derecho a acceder a este beneficio se renueve cada cierto tiempo (4-5 años), de tal manera que cuando el trabajador independiente sienta que está sufriendo un shock importante en sus ingresos pueda acceder a estos beneficios.