En el marco de la lucha frontal contra el crimen organizado, y el proceso de modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley Nº 32313, que establece la creación de unidades ejecutoras en todas las regiones y/o frentes policiales del país.

“Esto con el objetivo de fortalecer a la Policía Nacional del Perú a través de una gestión más eficiente de los recursos, la implementación de estrategias adaptadas a las necesidades de cada región, mejorar de esta forma la respuesta operativa en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado”, indica la normativa.

Se dispone, además, que la gestión administrativa de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, ubicadas fuera de Lima y Callao, quede a cargo de las unidades ejecutoras de su respectiva región, para garantizar su continuidad y mejorar su funcionamiento frente a los nuevos desafíos de seguridad ciudadana.

Para tal efecto, en un plazo de 90 días calendario contados a partir de la publicación de la presente ley, el Ministerio del Interior (Mininter) se encargará de elaborar y aprobar los lineamientos sectoriales correspondientes, los cuales presentará ante la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La implementación de las unidades ejecutoras y la adecuación de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú serán financiadas con los recursos asignados al Ministerio del Interior en el presupuesto anual del sector”, se precisa en el dispositivo legal.

Finalmente, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la PNP, el sector Interior realizará un seguimiento continuo del proceso de creación de las nuevas unidades ejecutoras y de la adecuación de las escuelas en las regiones policiales. Se deberá presentar un informe semestral a la Comisión de Presupuesto del Congreso, sobre los avances logrados, el uso de los recursos y los resultados alcanzados.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.