La directora de proyectos electorales de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz Picasso, consideró que una forma de evitar un posible mal uso de los recursos de financiamiento público directo para los partidos políticos con representación en el Congreso, sería que estos presenten un plan de actividades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previo al desembolso del dinero.
“Dentro de lo que se puede hacer es que se contemple en el reglamento (de supervisión y financiamiento de fondos partidarios) de la ONPE que los partidos políticos deban presentar un plan de actividades semestrales, para indicar en qué van a gastar el financiamiento público directo y que previamente, tras ver este plan, se les aprueben los fondos, así evitaríamos algunas dificultades", dijo a la Agencia Andina.
Indicó que el segundo reporte emitido por la ONG Vigilancia Ciudadana se pueden observar gastos como reparaciones y construcciones en los locales partidarios con el financiamiento público directo, siendo que algunas agrupaciones lo hicieron cuando no está permitido.
"Si hubiera habido este plan de actividades previo, la ONPE pudiera haber dicho que no se puede gastar de esta manera porque es una presunta infracción", refirió.
"Entonces, es un acompañamiento más permanente que debe haber, no se trata qué se hace mal sino qué podemos hacer para optimizar el uso de este recurso que es tan importante para el fortalecimiento de partidos", agregó.
Margarita Díaz aseguró que con esta propuesta se busca que existan condiciones para otorgar el desembolso del financiamiento público directos a los partidos con representación congresal.
"Porque, cómo se sabe si un partido difundió sus estudios o investigaciones, o si es que presentó los documentos sustentándolo, por lo que lo lógico es que debiera decirse en el reglamento que primero se levanten las observaciones y luego se les da el siguiente desembolso, esta no es una sanción, es una condición para el desembolso", señaló.
Otro hallazgo importante encontrado en su segundo reporte, añadió, es que la mayoría de partidos no cuentan con sistemas de control interno, lo que es una exigencia de la norma.
"Este sistema es inadecuado, deficiente o no existe en los partidos que reciben financiamiento público directo", sostuvo.
