Alcalde Francis Allison, señala que los derechos de los maleantes no pueden estar por encima de los ciudadanos y cree, "al 100 % en la mano represiva.”
La nueva norma que modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos móviles e informáticos, con una pena de entre 12 a 20 años, fue respaldada este viernes por el alcalde distrital de Magdalena, Francis Allison.
La autoridad señaló también como acertado penalizar hasta con 30 años, si durante el robo son utilizados, vehículos motorizados, armas y explosivos.
Si bien la norma - aprobada en el contexto de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo- genera polémica entre aquellos defensores de los Derechos Humanos de los que delinquen y, quienes creen al 100 % en la mano dura, el burgomaestre está convencido que esta última, garantiza mejores resultados para derrotar a la delincuencia.
“Los defensores de los delincuentes dicen que las cárceles están llenas, y yo me pregunto: ¿Nos debe interesar más la comodidad de los maleantes que la vida de los que amamos? Otros dicen ¡Cuánto cuesta darles de comer! pero ¿nos debe preocupar si comen o dejan de comer? Hay otros que dicen que pueden presentarse abusos; entonces ¿hay que dejar que sigan matando? Eso no puede pasar, yo creo, al 100 % en la mano represiva".
Allison señaló también que la rehabilitación no existe para aquellos que han cometido delitos violentos, sicariato, homicidio, entre otros actos que atentan contra la vida de las personas.
“Esa persona no se va a rehabilitar, cruzó una línea. En países desarrollados el criminal va preso de por vida. Solo es romanticismo el hecho de que se rehabilitará después de cumplir la condena. Un elemento peligroso debe ser retirado para que no vuelva a dañar", enfatizó.
El alcalde sostuvo que, mientras construimos penales y fortalecemos a la Policía, hay que seguir trabajando y si por el momento no hay penales nuevos y tenemos que meter a un delincuente encima del otro, estarán uno sobre el otro” acotó.
Seguridad ciudadana en emergencia
El burgomaestre de Magdalena consideró que es necesaria la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana, a fin de facilitar la adquisición de equipos y otros dispositivos necesarios para reforzarla, pues eso permitirá que las compras sean por adjudicaciones directas y en plazos cortos.
“Igual que en pandemia, se compra directamente y aquel que robe, que se vaya preso. No podemos dejar de comprar de manera rápida cuando hay situaciones como falta de seguridad ciudadana. Hay que dar facilidades para la adquisición de materiales o que se destine dinero a inteligencia policial para hacer laboratorios de criminalística” señaló.
