Por mayoría, la Comisión de Constitución que preside Martha Moyano (Fuerza Popular) aprobó el dictamen que reúne tres propuestas de ley para que se otorgue una validez de 10 años al documento nacional de identidad (DNI), renovable por igual plazo.
Asimismo, planteó el establecimiento de los casos de gratuidad y verificación de la dirección domiciliaria, a cargo del presupuesto del Reniec y sin demandar recursos al tesoro público.
En efecto, se trata de la emisión del DNI, en forma gratuita, en los casos de actualización de la fotografía del DNI del menor de edad en condición de pobreza o pobreza extrema; rectificación o renovación del referido documento a persona mayor de edad que incluya afirmativamente su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.
El dictamen en referencia recoge las propuestas de los congresistas Diego Bazán Calderón (Avanza País), Digna Calle Lobatón (PP), Flavio Cruz Mamani (PL) y de Raúl Huamán Coronado (FP).
Actualmente, la validez del DNI en el Perú es de ocho años, según la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Reniec.
Asistencia familiar
En otro momento, la titular de la comisión propuso un cuarto intermedio para estudiar con mayor información el predictamen recaído en el proyecto de ley 4900/2022- CR, de autoría del congresista Edgard Reymundo Mercado (CD-JPP), que plantea la modificación del artículo 80° del Decreto Legislativo 635 – Código Penal, por el que se amplía el plazo de prescripción del delito de omisión de asistencia familiar.
Fue tras el debate que surgió sobre la citada iniciativa legislativa.
Reymundo Mercado, por su lado, dijo que su propuesta busca la imprescriptibilidad en un tema que afecta a la asistencia familiar.
La congresista Gladys Echaíz (RP) expresó la necesidad de que se plantee una fórmula de reforma constitucional que solucione varios aspectos del problema, como la falta de empleo, de responsabilidad y condiciones para el cumplimiento de la asistencia familiar.
La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) se manifestó en contra de la prescriptibilidad de cualquier tipo en un problema que se mantiene en el tiempo y se pronunció por una mayor evaluación.
El legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) pidió la opinión del Poder Judicial.
