Asesinaron a 182 defensores de los derechos humanos entre enero y octubre del 2022.

 La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que en el 2022 el país volvió a niveles de violencia “similares” a los previos al proceso de paz, señaló Human Rights Watch (HRW).

En el capítulo dedicado a Colombia en su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido “amenazas de muerte y actos de violencia constantes”.

Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde el 2016. En ese sentido, HRW considera “deficiente” la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.

Abusos

Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador.

Como consecuencia, unas 96,000 personas en diferentes comunidades se vieron “confinadas” –con restricciones de movimiento por temor a resultar heridas o por amenazas– este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las FARC.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU cifró en 70,000 los desplazados entre enero y octubre como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, 50 o más personas.

A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2.5 millones, según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no se dan abasto en el aspecto humanitario.

Represión

Las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones del Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.

En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10% en el primer trimestre del 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.