Documento consagra seis objetivos prioritarios, incluye lineamientos para cada uno e involucra a las entidades de la administración pública con metas al 2030.

La Política Nacional de Empleo Decente, aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), consagra seis objetivos prioritarios con metas al 2030 orientados a promover las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para enfrentar el problema del déficit de empleo decente, y de ese modo garantizar que la población acceda a un trabajo decente y productivo.

Entre estos objetivos figura incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar; fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral; e incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas.

Además, como prioridad, se pretende ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores; incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial; y generar un entorno social e institucional adecuado en el país, detalla el Decreto Supremo Nº 013-2021-TR mediante el cual se aprueba la política.

Metas

Como metas al 2030 se proyecta que el porcentaje de la población en edad de trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo avanzado sea del 82%; y que la tasa de transición de la educación básica a la educación superior y técnico-productiva sea del 48%.

También entre los objetivos trazados se espera que en dicho año el porcentaje de trabajadores en empresas formales con ventas mayores de 20 UIT sea del 7.4% y que el porcentaje del personal asalariado formal de las unidades productivas en la actividad agraria, del 9.6%.

Para ello, la norma precisa que la Política Nacional de Empleo Decente es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la administración pública, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

A la par, se establece que la responsabilidad de su conducción está a cargo de la Dirección General de Promoción del Empleo del MTPE, en tanto que este sector asume facultades de coordinación, articulación intersectorial, seguimiento y evaluación respecto a las entidades públicas del ámbito nacional y regional con responsabilidad en la prestación de los servicios comprendidos en la política.

Así, esta política se implementará mediante el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de las entidades involucradas, según corresponda, como la Sunafil y los ministerios de Educación, de la Producción, de Desarrollo Agrario y Riego, de Economía y Finanzas, entre otros. Al igual que por medio de los planes de desarrollo regional concertados de los gobiernos regionales, en coordinación con el MTPE.

Lineamientos

En ese contexto, para incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar se consagran como lineamientos asegurar e incrementar el acceso y la culminación de la educación básica de mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar para el desarrollo de sus competencias. Además, incrementar el acceso a la enseñanza enfocada en las competencias laborales de mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar, entre otros.

En tanto que con el propósito de fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral, se plantea disminuir la asimetría de información en la búsqueda de empleo de la fuerza laboral potencial, y articular la oferta formativa a las ocupaciones y habilidades que demanden las empresas. Asimismo, brindar información sobre orientación vocacional y profesional libre de estereotipos de género a mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar.

Para incrementar la generación del empleo formal en las unidades productivas, la política incluye como lineamientos ampliar la oferta de fuentes de financiamiento de unidades productivas establecidas y/o emprendimientos en etapa inicial; así como brindar información y asesoría sobre fuentes de financiamiento alternativo para conductores de unidades productivas establecidas y emprendimientos en etapa inicial. También se incluye simplificar los regímenes tributarios para las unidades productivas de menor tamaño, entre otros lineamientos.

Como lineamientos orientados a ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores en la política, se delinea ampliar mecanismos y/o alternativas del aseguramiento en salud y cobertura de pensiones de los trabajadores. A su vez, se propone actualizar y ampliar progresivamente la cobertura del listado de actividades económicas en beneficio del aseguramiento de riesgos laborales, así como fomentar el diálogo social que contribuya al empleo decente entre las y los actores sociales, entre otros.

Mientras que para fomentar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial se proyecta implementar instrumentos efectivos en contra del hostigamiento sexual laboral y la discriminación en la población laboral por razones de género, origen étnico-racial, discapacidad, grupo etario y otras. A la par, brindar facilidades para la inserción laboral de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad priorizando los servicios de cuidado, entre otros lineamientos.

Trascendencia

A criterio del laboralista Jorge Luis Acevedo Mercado, constituye un esfuerzo bastante grande haber elaborado esta política con objetivos al 2030. Para efectos laborales, el cuarto objetivo estratégico de este documento bastante prospectivo consistente en ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de las y los trabajadores es el más importante, subraya. Ello ya que el trabajo decente presupone laborar bajo condiciones que aseguren una remuneración equitativa, una jornada de trabajo justa y labores en condiciones de protección social, lo que supone que los trabajadores informales pasen a la formalidad, refiere. El experto considera importante que se haya establecido como meta ambiciosa para el 2030 que el 49% de trabajadores dependientes esté en planilla. Además, si bien la política no incorpora cambios en la normativa para lograr los seis objetivos trazados, Acevedo advierte la conveniencia de establecer un régimen promocional de ciertas actividades para reactivar rápidamente el empleo sin precarizarlo. Hacer de repente un régimen para los jóvenes, un régimen especial temporal que permita que más personas estén en planilla y que esta no sea vista como un sobrecosto, plantea el experto.