Ejecutivo aprueba políticas públicas para adultos mayores y personas con discapacidad

03/06/2021 00:21 en NACIONALES

Ciudadanos de estos segmentos no son objeto de políticas sino sujetos de derecho, resalta la ministra Silvia Loli.

El Poder Ejecutivo aprobó hoy políticas públicas para atender las necesidades y restituir derechos de los adultos mayores y las personas con discapacidad, informó la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli.

“Hoy es un día importante porque hemos aprobado dos políticas que atienden las necesidades y buscan enfrentar la restricción de derechos que ha vivido largamente un grupo poblacional importante: las personas adultas mayores, por un lado, y las personas con discapacidad”, manifestó la ministra.

El segmento de adultos mayores en el Perú se ha duplicado desde 1950 y, a la fecha, somos un poco más de 4 millones de personas, es decir un 12.2 % de la población total del país, enfatizó Loli.

“En el caso de las personas con discapacidad, estamos hablando de 3 millones 200,000 personas, lo que equivale a un 10.2 % de la población”, agregó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Participación ciudadana

Estas dos políticas han sido desarrolladas de forma participativa y se trata de un trabajo no solo desde el Estado, mediante el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales, sino también de la sociedad civil organizada y los propios actores y actoras de estas iniciativas, explicó Loli.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad no son ‘objeto de políticas’ sino que son ‘sujetos de derecho’, puntualizó.

En tal sentido, y en el marco del artículo 1° de la Constitución Política –que señala que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado–, ahora los colocamos como actores sociales importantes y el ejercicio de sus derechos constituye una prioridad para el Estado y el motivo para el diseño y ejecución de estas políticas, enfatizó.

Con estas políticas "esperamos lograr un avance sustancial y mejora en el ejercicio de sus derechos tanto del cuidado, buen trato, acceso al trabajo, situación de salud y económica. En lo que respecta a las personas adultas mayores, se garantiza el acceso a una pensión digna y posibilidades de sostenimiento", dijo Loli.

Discriminación estructural

La titular del Mimp se refirió también a la discriminación estructural como un problema común en ambos casos, tanto hacia adultos mayores como a las personas con discapacidad.

“La discriminación se ha institucionalizado en nuestra sociedad y se expresa, por ejemplo, en una forma de ver a estas personas de un modo tal que restringe sus derechos”, comentó.

Se piensa que, con el envejecimiento, las personas pierden facultades y poder, entonces, no se desarrollan políticas para empoderarlas y garantizar su participación política, económica y social.

En ambos casos, tenemos objetivos importantes para el año 2030, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y, con las dos políticas aprobadas hoy, esperamos lograr avances sustanciales y una mejora en el ejercicio de sus derechos.

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