Similar sanción se aprobó para la exministra Pilar Mazzetti, por ocho años, y para la excanciller Elizabeth Astete, por un año.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años del expresidente Martín Vizcarra; ocho años para la exministra Pilar Mazzetti; y un año para la excanciller Elizabeth Astete, por la vacunación irregular con dosis destinadas a los investigadores de un estudio clínico.
La inhabilitación para Vizcarra fue aprobada por 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La de Mazzetti con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, mientras que la de Astete con 24 a favor, 1 en contra y cero abstenciones.
El congresista Ali Mamani Barriga (Nueva Constitución), ponente del caso, dijo que Vizcarra, en su condición de expresidente de la República, incurrió en seis infracciones constitucionales al haberse vacunado a escondidas.
Además, el legislador dijo que el expresidente usó el cargo para inocular a su esposa y a su hermano de manera irregular, y mintió al país al señalar que fue voluntario de los ensayos clínicos.
“La inhabilitación con 10 años para el ejercicio de la función pública es idónea para evitar que vuelva cometer la misma conducta lesiva, garantizar la igualdad ante la ley, facilitar el acceso equitativo al servicio de salud de los peruanos y estar al servicio de la nación y de la Constitución”, refirió.
En ese sentido, consideró que es lesivo para el país y la ciudadanía que Vizcarra siga ejerciendo cargos públicos en el futuro y el poder en beneficio personal y no de la ciudadanía.
Vizcarra es candidato al Congreso con el número uno por Lima en la lista de Somos Perú, que lleva como candidato presidencial a Daniel Salaverry. Si esta votación es ratificada en el pleno del Congreso, el expresidente no podría asumir la función parlamentaria, en caso sea elegido este domingo 11.
Mazzetti mintió
Para la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el informe plantea la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de la función pública por infracción a la Constitución, dado que se benefició con dos dosis de la vacuna y mintió sobre esta condición.
“Mintió dos veces, cuando dijo que el capitán del barco se vacuna al último y durante su presentación en el Congreso donde dijo desconocer si sus colaboradores se habían vacunado, además generó una crisis política al haber mentido sobre el verdadero motivo de su renuncia”, señaló.
En el caso de la exministra Elizabeth Astete, el congresista Mamani aseguró que infringió dos artículos de la Constitución, pero admitió haberse vacunado, facilitó información sobre la actuación de otros exfuncionarios y no gestionó su vacunación. Por ello plantea un año de inhabilitación.
Persecución política
En su defensa, el expresidente Vizcarra dijo que la subcomisión no había respetado el debido proceso y que la inhabilitación por 10 años, la máxima sanción, evidencian una persecución política y un pretexto para sacarlo de la contienda electoral.
“Dejen que el pueblo decida. No me perdonan el cierre de un Congreso obstruccionista. Iremos a las instancias que correspondan para defendernos, tenemos el derecho constitucional de postular y ser elegido”, afirmó.
La excanciller Astete, en tanto, reconoció que fue un error de criterio haber aceptado vacunarse, pero indicó que estuvo convencida de que el ofrecimiento era regular y que tenía el visto bueno del gobierno, por lo que rechazó la imputación que le hacen de haberse aprovechado del cargo.
A través de una conexión virtual, la exministra Mazzetti se justificó señalando que ha cometido un error de criterio al vacunarse, hecho que puede ser cuestionado ahora, pero que, “en su momento, era válido, en una circunstancia abrumadora para todos y de alta incertidumbre”. Indicó que seguirá trabajando por el país desde donde se ubique.
Antes de iniciarse al debate, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, informó que Vizcarra había presentado un pedido para que el caso regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, al argumentar vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa.
Sin embargo, el presidente de este grupo de trabajo, Carlos Pérez (Acción Popular) desvirtuó estos argumentos, al indicar que se han garantizado los derechos fundamentales del exgobernante, por lo que pidió a la Comisión Permanente continuar con el procedimiento parlamentario.
Por mayoría, de otro lado, la Comisión Permanente aprobó designar al congresista Ali Mamani como integrante de la comisión acusadora, que debe sustentar la denuncia constitucional ante el pleno del Congreso.
