La ley, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, que elimina de forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público, vulnera la meritocracia y ocasiona más gasto público, asegura el abogado laboralista, Ricardo Herrera.

“Implica cerca de 4,244 millones de soles al año, un 25% de incremento de costos laborales para el Estado”, dijo el especialista en el programa Económika de Andina Canal Online.

Esto contraviene, además, el artículo 79 de la Constitución que establece que el Congreso no tiene iniciativa que pueda generar gasto público, salvo para su propio presupuesto, manifestó.

Se critica esta norma, aprobada por insistencia por el Parlamento, porque no exige que los trabajadores CAS pasen un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante en cualquier entidad pública, sino que esta ley propugna el pase progresivo, en cinco años, de trabajadores CAS al régimen 728 o 276, sostuvo el especialista.