Contralor Nelson Shack hizo anuncio en el Primer Encuentro Nacional con Autoridades Subnacionales.
Hasta abril de este año, la Contraloría General de la República integrará a su sistema de control más de 300 Órganos de Control Institucional (OCI) de diversas dependencias públicas, entre los cuales están todos los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, adelantó este miércoles el contralor Nelson Shack.
“Esto cambiará dramáticamente la relación que hay entre la OCI y la entidad auditada, ya que serán oficinas autónomas e independientes, ya que dejarán de depender del presupuesto de cada entidad. Ese es un esfuerzo presupuestal enorme que está haciendo la Contraloría”, anotó.
El anuncio lo hizo en el Primer Encuentro Nacional con Autoridades Subnacionales, evento que contó con la participación de casi 400 consejeros regionales y regidores municipales, y que tiene por finalidad instruir a est0as autoridades en el fortalecimiento de su capacidad fiscalizadora.
“Por más esfuerzos que hagan los consejeros regionales y regidores municipales, hoy tienen una capacidad bastante limitada para fiscalizar, esa es una función que a la Contraloría le interesa potenciar para que nos ayuden a vigilar el buen uso de los recursos públicos”, comentó Shack.
Durante su participación en el evento, mencionó que al año se ejecutan más de 30,000 obras públicas y se realizan más de 50,000 contrataciones de bienes y servicios por medio del Estado; pero la Contraloría no puede cubrir todas esas actividades, por lo que resulta vital conseguir el apoyo de la ciudadanía en esa labor, así como de los consejeros regionales y regidores municipales.
Otra alternativa planteada por el contralor general a las autoridades subnacionales es el fortalecimiento de sus conocimientos en materia de fiscalización, para lo que puso a disposición un conjunto de talleres y seminarios virtuales acreditados por la Escuela Nacional de Control (ENC) que permitirán brindar conocimientos básicos en gestión pública.
Además, reiteró que, luego de recoger las opiniones de los consejeros y regidores, se enviará al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y hacer algunas precisiones para reforzar la capacidad fiscalizadora de estas autoridades.
“Eso implica dotarlos de ciertos recursos para que dispongan de profesionales especializados y esos recursos saldrán del proceso de absorción de las OCI”, añadió. La iniciativa legislativa podría enviarse al Parlamento durante la quincena de marzo.
Balance 2020 y Agenda 2021
Shack Yalta mencionó que en el 2020 la Contraloría elaboró más de 26,500 informes de control en sus diversas modalidades, de los cuales solo los servicios de control posterior permitieron determinar más de 12,000 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que involucran a casi 6,200 funcionarios.
“En materia de covid-19, en el 2020 se emitieron 11,516 informes, ya que en buena parte del año estuvimos en modo covid-19. Esta pandemia nos ha sumido en una profunda crisis sanitaria y económica de la cual todavía no salimos, pero que ocurrirá cuando se vacune masivamente a nuestros compatriotas”, manifestó.
Con miras al 2021, el titular de la Contraloría mencionó que se contempla efectuar 26,800 servicios de control, pero hay dos temas fundamentales que marcan la agenda del control gubernamental en el primer semestre, estos son el proceso de vacunación contra el covid-19 para lo cual se han desplegado más de 500 auditores; y las Elecciones Generales 2021.
Por otro lado, sostuvo que durante el presente y el próximo año se espera realizar un megaoperativo de control regional en cada región del país, con lo cual se desplegarán cientos de auditores que ayuden a combatir los casos de corrupción e inconducta funcional a escala nacional.
Asimismo, mencionó que en el transcurso del segundo cuatrimestre del 2021 se retomen las jornadas de supervisión y despacho contralor en las diferentes provincias del país, con la finalidad de verificar el desarrollo del control gubernamental en el ámbito nacional y así combatir casos de corrupción e inconducta funcional que se presenten en sus respectivas jurisdicciones.
