La UFEC empezará a funcionar a partir del 15 de febrero y dependerá de la Fiscalía de la Nación.
Ante la aparición de los delitos informático, que se han incrementado en los últimos años, especialmente durante la pandemia del covid-19, el Ministerio Público dispuso hoy la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEC).
La UFEC empezará funcionar a partir del 15 de febrero. Tendrá competencia nacional y dependerá administrativa y funcionalmente de la Fiscalía de la Nación.
Compentencia
Esta unidad fiscal brindará un tratamiento especializado y un acompañamiento técnico a los fiscales en la indagación de los delitos informáticos y en casos en los que la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación.
También unificará criterios en los procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia, promover la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Entre sus funciones, la UFEC también deberá coordinar con las redes internacionales (AIAMP, CiberRed y RedCoop) para absolver consultas y emitir informes sobre la materia.
El Ministerio Público tomó esta decisión en virtud del informe emitido por la comisión encargada de evaluar la creación de una fiscalía piloto en esta materia y que consideró necesaria una Unidad Especializada en Ciberdelincuencia que dependa de la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la nueva unidad estará a cargo de la fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima, Aurora Castillo Fuerman.
En tanto, los abogados Ana Gómez Palacios y Ángel Gonzales Farfán fueron nombrados fiscales adjuntos superiores provisionales del Distrito Fiscal de Lima adscritos a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
Ciberdelincuencia en el país
La ciberdelincuencia es un fenómeno que quebranta la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como los derechos de las personas frente al abuso de estos.
En el 2019, el Perú suscribió y ratificó el Convenio de Budapest o Convenio sobre la Ciberdelincuencia. El país asumió el compromiso de llevar adelante una lucha frontal y efectiva contra este delito y la necesidad de mantener una cooperación internacional en materia penal, la misma que debe ser materializada por el órgano persecutor del delito.
Según el reporte emitido por la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, entre el 2013 y julio del 2020, el 42% de los delitos informáticos fueron contra el patrimonio. (NDP/JVV)
