La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, dijo este lunes que será el nuevo Congreso que se elija el 11 de abril al que le corresponderá la debatir los cambios a la Constitución del Estado, pues considera que el actual legislativo no cuenta con el tiempo para llevar adelante ese proceso.
"Será el nuevo Congreso el que tendría que impulsar estas reformas constitucionales; por razones de tiempo a este parlamento no creo que le pueda alcanzar esta oportunidad", acotó en referencia a que este Legislativo termina sus funciones el próximo 28 de julio.
En una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), detalló los dos mecanismos establecidos por la Constitución las dos modalidades en que puede ser modificada, sin mencionar el referéndum.
Entre estos mecanismos, detalló, está la aprobación de una reforma por mayoría absoluta del Congreso, que luego debe ser ratificada mediante un referéndum, o también la aprobación de reformas en dos legislaturas consecutivas por el parlamento.
Cuatro bancadas en el Congreso han presentado un proyecto de ley para convocar a un referéndum en las elecciones generales de abril próximo, en el que se consulte a la población si se debe o no cambiar la Constitución, y si para ello se debería convocar a una asamblea.
Elección del TC
Ledesma dijo además que, si bien “técnicamente” el Congreso en funciones está facultado para elegir a los miembros del colegiado constitucional, los elegidos deben tener “legitimidad social”, y el Legislativo debería evaluar si está en capacidad de garantizar ese criterio.
"(Los) magistrados que sean elegidos a futuro deben tener un tema de legitimidad social", dijo tras indicar que el Congreso "debería analizar si realmente esas decisiones que quieren tomar tiene una sintonía con ese reclamo o esa expectativa popular".
"Mientras tanto cumplimos con nuestro deber", acotó.
Retos de gestión
Ledesma comentó que en enero de este año se convirtió en la primera presidenta de la historia del TC con "la expectativa y el reto de poner en relieve" al organismo.
Durante su gestión, añadió, ha buscado la transparencia de la información, que consideró vital "para construir legitimidad", y logró que se rompa la reserva en las deliberaciones, además de haber buscado la "modernización de los procedimientos y decisiones".
Sin embargo, también consideró que el TC "pudo y debió hacer una interpretación" de la cláusula de "incapacidad moral" que permitió al Congreso destituir el pasado 9 de noviembre a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado.
Lamentó que el tema fuera archivado porque "cuatro magistrados decidieron por prudencia no decir nada, ni a favor ni en contra", mientras que otros tres "consideraron que era su deber" hacerlo, ya que consideraron que "el proceso de vacancia por esta causal es un riesgo permanente, latente" para los gobernantes.
