Gobierno adelantó que irá al Tribunal Constitucional para impugnar la ley. En el primer retiro, el 96% de aportes dispuso de esos recursos.
EFE
El proyecto de ley que busca permitir en Chile un segundo retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones avanzó este miércoles en su tramitación parlamentaria, tras ser aprobado por la Comisión de Constitución del Senado.
La idea de legislar este proyecto, que tiene por objeto paliar los negativos efectos económicos producidos por la pandemia, fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra en la comisión, y apoyada de forma contundente en su primer trámite legislativo con 130 votos en la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre.
Este proyecto ha generado problemas en el Gobierno, que propuso una estrategia para acotar el retiro de los fondos discutido en el Senado, pero no llegó a defender su posición a la Comisión de la Cámara alta.
Una vez realizada la votación, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, impugnó la constitucionalidad del proyecto y anunció que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.
El proyecto será remitido a la Sala del Senado para concluir su segundo trámite legislativo.
En caso de registrarse cambios en el documento original, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara de Diputados a un tercer trámite.
Si persisten las diferencias entre ambas Cámaras, el texto irá a una comisión mixta.
El 96% retiró fondos
La histórica ley que permitió el primer retiro anticipado de hasta un 10% de los fondos de pensiones fue aprobado por el Parlamento chileno el pasado 23 de julio, medida que buscó aliviar el impacto económico de pandemia en los hogares chilenos de clase media, que componen casi la mitad de los 19 millones de habitantes del país.
Según la Superintendencia de Pensiones, el 96% de los afiliados, equivalente a más de 10 millones de personas, ha recibido los recursos solicitados, cifra que al 13 de noviembre alcanzaba los 17,400 millones de dólares.
El sistema de pensiones chileno, diseñado por uno de los hermanos del actual mandatario e impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y fue replicado en otros países del mundo.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas encargadas de gestionar el dinero ahorrado por los trabajadores, obtienen beneficios multimillonarios tras invertir los fondos en el mercado financiero.
De acuerdo con la Comisión de Mercado Financiero (CMF), estas empresas registraron utilidades por 649 millones de dólares en el 2019; las pensiones, por su parte, promediaron a diciembre del mismo año 382 dólares en hombres y 232 dólares en mujeres.
La transición hacia un modelo más solidario, de seguridad social y con mejores pensiones es una de las principales demandas del estallido social que sufrió el país a finales del año pasado y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
