NORMA BUSCA CAMBIAR CHIP EMPRESARIAL

Con el cambio de mentalidad en los negocios, ahora están apostando por una sociedad más justa y equitativa.

Las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) tienen como objetivo identificar a las empresas con propósito social y ambiental en el país. Se trata de un fenómeno internacional en el cual la actividad empresarial privada resuelve problemas públicos relacionados con el mejoramiento de la sociedad y la protección del medioambiente. Para el coordinador del proyecto de investigación sobre empresas con propósito de la Secretaría General Iberoamericana, Juan Diego Mujica, este es un gran paso en el desarrollo de una comunidad empresarial más justa y comprometida con su sociedad. 

“El Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley 2533/2017-CR cuyo objetivo es incluir a las sociedades BIC en el ordenamiento jurídico peruano. Con ello se crea un medio por el cual las empresas con propósito identifican y pueden realizar actividades económicas y también construir los fines sociales y ambientales que eligen sus accionistas”, asevera.

Compromiso

Según Mujica, esto significa que el empresario decide comprometerse con la solución de problemas sociales y ambientales desde el núcleo de su propia empresa (estatutos).

“Son diferentes emprendimientos de este tipo que el empresario se compromete a impulsar, con diferentes fines e impactos positivos en la sociedad y el ambiente”, afirma.

Por ello, considera que las iniciativas identificadas como BIC son importantes porque permiten agrupar a las empresas que toman decisiones sostenibles para que luego se diseñen políticas públicas adecuadas que dinamicen el sector y los mercados en donde se desenvuelven.

Empresas en el Perú

El coordinador del proyecto de investigación sobre empresas con propósito de la Secretaría General Iberoamericana, sostuvo que en el Perú hay un gran número de empresas que ya cuentan con este perfil y que pueden ser consideradas como sociedades BIC.

“Tenemos empresas productoras y de servicios, cuyo objetivo es proveer y atender a comunidades que requieren de apoyo social y ambiental. Por ejemplo, hay empresas textiles que suscriben convenios con restaurantes para que la comida de estos establecimientos que no sea consumida se distribuya a las poblaciones vulnerables”, refirió Mujica.

El especialista comentó que la norma aprobada por el Congreso, y que está a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo, es un reto para el sector empresarial.

“La norma es una lección para que las empresas entiendan el sistema en el que vivimos y sepan en qué pueden contribuir para convertirse en una mejor empresa para el Perú y no pensar en ser la mejor empresa del Perú. Ese es el mensaje que se quiere transmitir”, aseveró.

Cuarto sector

De acuerdo con el especialista, las empresas con estos objetivos forman parte del denominado cuarto sector empresarial.

“El cuarto sector es un nuevo segmento de la economía en el que las empresas se trazan propósitos sociales. No todas las empresas del país operan bajo esta modalidad, se trata de una adición a un menú jurídico, en donde el derecho empresarial está reconociendo la existencia de este cuarto sector”, explica el especialista.

Nuevo entorno

Detalla que hasta antes de la aprobación del proyecto 2533/2017-CR, la Ley General de Sociedades contemplaba de manera expresa que una empresa solo podía cumplir con propósitos sociales y ambientales conformando una fundación o asociación, que son personas jurídicas sin fines de lucro.

“Esto acarreaba una serie de complicaciones tanto registrales como económicas. No obstante, la principal consecuencia era que, al no estar identificados como un nuevo modelo empresarial, las oportunidades de crecimiento en el ámbito socioambiental para estas empresas eran muy pocas”, refiere.

Agrega que actualmente, un consumidor prefiere comprarle a una empresa que tiene un propósito social y ambiental definido a otra que no tiene dicho propósito.

Tercero en Sudamérica

El Perú sería el tercer país de Sudamérica en contar con una ley de este tipo. Los otros son Colombia y Ecuador.

A diferencia de esos países, la norma peruana es sencilla de aplicar, pues establece que cualquier persona jurídica puede acogerse a ella.

En una reciente investigación realizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Instituto de Empresas, más del 50% de los encuestados asegura que el objetivo de la empresa debería ser mejorar la calidad de vida de sus clientes. Asimismo, un tercio aseguró que esa es la prioridad de la empresa en la cual trabaja. “Vemos cómo este nuevo entendimiento de hacer empresa está predominando en el mundo y cómo hay empresarios comprometidos que quieren trascender con un propósito que va más allá que el de ganar dinero”, sostuvo Mujica.