Sentencia histórica de hasta 35 años de pena privativa de la libertad efectiva fue impuesta contra los cabecillas de la organización criminal “Los Gallegos”, célula vinculada al Tren de Aragua, como resultado de una investigación especializada y un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

La condena fue dictada el 6 de noviembre de 2026 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, contra José Ángel Ortega Padrón, también identificado como Osmeydi Armando España Mendoza, alias “Armando José”, y otros integrantes de esta estructura criminal.

La investigación acreditó su participación en graves delitos como organización criminal, explotación sexual derivada de la trata de personas, homicidio calificado y tenencia ilegal de armas y municiones. Además de la pena de 35 años impuesta a su cabecilla, otros integrantes recibieron condenas de entre 8 y 35 años de prisión, según su responsabilidad penal.

Asimismo, se dispuso el pago de S/ 1 millón de reparación civil a favor del Estado peruano y S/ 100 mil a favor de los deudos de cinco víctimas de homicidio. También se ordenó la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos extranjeros sentenciados, una vez cumplidas sus condenas.

Investigación especializada que desarticuló la estructura criminal

Las investigaciones se iniciaron tras el asesinato de dos trabajadoras sexuales ecuatorianas, ocurrido el 19 de febrero de 2022 en la zona conocida como Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Este hecho permitió identificar la presencia y el accionar del brazo armado de “Los Gallegos”, cuyo programa criminal comprendía la explotación sexual y extorsión de mujeres y adolescentes de diversas nacionalidades.

Ante esta amenaza, la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP conformó un equipo especializado de inteligencia operativa para identificar a los integrantes, facilitadores, modalidades y estructura de esta organización.

El trabajo articulado con la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, el apoyo de agentes especiales de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue permitió ejecutar el megaoperativo policial “Descarrilamiento 2022”, el 10 de noviembre de ese año. La intervención logró la detención del cabecilla y de integrantes de los denominados “brazo armado” y “brazo rosa” de la organización.

Posteriormente, la investigación fue fortalecida mediante el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) contra la Trata de Personas, que integra las capacidades de investigación policial y fiscal para reunir los elementos probatorios que sustentaron esta sentencia.

Al respecto, el director general contra el Crimen Organizado del Mininter, Orlando Mendieta, destacó que esta condena demuestra la importancia de los EME para investigar estructuras criminales complejas, identificar sus integrantes y contribuir a que sus responsables sean sancionados conforme a ley.

Los EME fueron impulsados por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter, con el apoyo de la Unión Europea, que también contribuyó con equipamiento tecnológico moderno para fortalecer las labores de investigación.

Esta sentencia marca un hito en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y demuestra que las investigaciones especializadas, la inteligencia policial y el trabajo articulado del Estado permiten llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la dignidad de las personas. En el Perú, nadie está por encima de la ley, quienes cometen delitos deben responder ante la justicia.