En el marco de las acciones del Ministerio del Interior (Mininter) para fortalecer el control de armas de fuego y combatir el crimen organizado, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) detectó irregularidades en dos casos que involucran 131 armas de fuego en Junín y Pasco.

Estos resultados evidencian la importancia de reforzar la fiscalización del armamento de uso civil, verificar que se encuentre bajo control de sus titulares y prevenir su posible desvío hacia circuitos ilegales.

Esta labor se complementa con la propuesta legislativa anunciada por el ministro del Interior, César Astudillo, ante el Congreso, orientada a modificar la regulación de las armas de uso civil y establecer límites a la cantidad de armas que pueden registrarse bajo las categorías de caza, deporte y colección.

“Estamos fortaleciendo la fiscalización en territorio y los resultados ya se están dando. Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una irregularidad: articulamos con la Policía Nacional y llevamos los casos ante el Ministerio Público para que sean investigados. Combatir la criminalidad también significa anticiparnos, esclarecer el destino de las armas y evitar su desvío hacia circuitos ilegales”, afirmó el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero.

Satipo: 84 armas no estaban en poder de sus titulares

El primer caso se registró en la comunidad nativa Betania-Chauja, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, donde personal de la Sucamec y de la Policía Nacional del Perú (PNP) verificó la situación de 84 armas registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias habían sido canceladas.

El armamento comprende 77 carabinas calibre .223 REM y siete pistolas calibre 9 x 19 mm. Durante la intervención fueron ubicados Diego Nialdo Chumpati Martín y Kioshi Chumpati Martín, quienes manifestaron que ya no tenían las armas en su poder. El tercer titular, Richard Chumpati Martín, no fue ubicado.

Las diligencias permitieron obtener información sobre una presunta transferencia del armamento a terceros, así como referencias a personas y empresas vinculadas con su comercialización. Parte de estos datos fue contrastada con los registros institucionales.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo, que dispuso el inicio de diligencias preliminares para esclarecer el destino de las armas y determinar las responsabilidades que correspondan.

Pozuzo: internan 15 armas tras acciones de fiscalización

El segundo caso se registró en la localidad de Prusia, distrito de Pozuzo, en Pasco, donde la Sucamec, la PNP y el Ministerio Público tenían programada una diligencia de inspección y verificación a José Luis Sánchez Livelli, titular de una licencia cancelada que registraba 47 armas de fuego: 23 carabinas, 16 escopetas, seis pistolas y dos revólveres.

Tras ser notificado de la diligencia, el titular se trasladó a Lima e internó 15 armas de fuego en la sede central de la Sucamec.

Ante estos hechos, la Fiscalía Provincial de Oxapampa dispuso continuar con las acciones de inspección, verificación e incautación de las armas restantes. Asimismo, solicitó que las 15 armas internadas fueran puestas a su disposición para realizar los peritajes correspondientes y determinar si fueron utilizadas o estuvieron involucradas en hechos delictivos.

La Sucamec continuará fortaleciendo las labores de fiscalización y coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público para verificar la situación legal del armamento, esclarecer su destino y prevenir su posible desvío hacia actividades ilícitas.

Estas acciones de control en territorio se complementan con las medidas normativas planteadas por el sector Interior para fortalecer la regulación de las armas de uso civil y las herramientas del Estado frente al crimen organizado.