El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, con el fin de fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal.
La medida, que comprende también al centro poblado de Chagualito, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, fue establecida a través del Decreto Supremo N° 016-2026-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante la prórroga del estado de emergencia queda restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en la Constitución.
Además, se mantendrá la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, entre las 22:00 y las 05:00 horas.
Sin embargo, se exceptúa de esta inmovilización al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.
Durante la inmovilización se permitirá la atención en farmacias y boticas, así como el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, o para la adquisición de medicamentos.
La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se regirá por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en los dispositivos legales que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional.
El Comando Unificado de Pataz informará al titular del Ministerio de Defensa los resultados obtenidos durante la declaratoria del estado de emergencia y a su culminación. El informe final será elevado a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José Jerí, así como del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Energía y minas, Luis Bravo; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
