La presidenta Dina Boluarte aseguró que la mayoría de peruanos y peruanas está a favor de aplicar la “pena de muerte” para sicarios, extorsionadores y violadores, lo que anima a su gobierno a plantear un debate serio y responsable para impedir que más peruanos sigan muriendo a manos de estos criminales.

En la ceremonia, en la que se firmó la adenda del contrato de Gobierno a Gobierno con Reino Unido para el mejoramiento de la capacidad del hospital Guillermo Díaz de la Vega, de Apurimac, la Mandataria reveló que, en las 18 audiencias regionales convocadas sobre este tema por el Ministerio de Justicia, se ha recogido un apoyo mayoritario de peruanos para aplicar la pena capital.

“Lo estamos pensando seriamente porque no podemos permitir que aquellas bandas organizadas, que aquellos extorsionadores, sicarios, que consiguen la plata a cambio de la vida de peruanos emprendedores que trabajan de manera honesta, puedan quitarle la vida”, señaló.

“Así como quitan la vida de manera fácil a personas indefensas, pues estamos pensando de manera seria en quitarles su vida también a través de la pena de muerte, pues no vamos a permitir que tranquilamente salgan a las calles y tengan que asesinar a más peruanos, a más peruanas”, señaló.

La jefa del Estado dijo ayer que era un acto de responsabilidad histórica con el país debatir y aprobar la aplicación de esta pena, por lo que planteó a la clase política un debate serio.

Mejora de hospital

Por otro lado, la Mandataria afirmó que su gobierno avanza con determinación en el propósito de cambiar la historia de olvido que han sufrido no solo Apurímac, sino también Puno, Huancavelica y otras regiones que han sido siempre consideradas entre las más pobres del Perú.

“En el marco legal, como corresponde, estamos revirtiendo la historia de abandono de estas regiones. Y continuaremos haciéndolo en todo el Perú”, afirmó al liderar la suscripción de la adenda en el contrato de Estado a Estado con el Reino Unido.

En esa línea, la Jefa del Estado lamentó que algunas autoridades utilicen la justicia social, una demanda legítima del pueblo, como un recurso para hacer juego político, mientras que su gobierno se enfoca en abordarla con verdadero compromiso.

“Nos comprometimos a reactivar la construcción de hospitales cuya ejecución estaba paralizada por esa lacra que tanto daño le hace al Perú: la corrupción. Nuestro compromiso con la salud es a prueba de todo, porque la salud es un derecho de todos los peruanos, no de unos pocos privilegiados”, manifestó.

Destacó que la firma de la adenda para la modernización del hospital Guillermo Díaz de la Vega representa un paso fundamental en la transformación del sistema de salud en la región.

Primera reunión

La Mandataria instaló el Cuarto de guerra contra la delincuencia, ello en el marco del estado de emergencia que rige en Lima y el Callao. Como se recuerda, esta iniciativa fue anunciada tras la I Sesión Ordinaria 2025 del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

A través del Cuarto de guerra, la Jefa del Estado recibirá reportes diarios y coordinará acciones en materia de seguridad ciudadana a escala nacional. Este permanecerá activo las 24 horas de los siete días de la semana y permitirá dar cuenta de las capturas y operativos que se hacen a diario contra la criminalidad. “En esta primera reunión, realizada en Palacio de Gobierno, participaron los ministros de Defensa, Justicia y Economía, y altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, informó la Presidencia de la República por medio de su cuenta de X. Por otro lado, la Jefa del Estado sostuvo una reunión con alcaldes provinciales y distritales de Huancavelica.