El Ministerio de Salud (Minsa), por medio de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió que el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios es un delito que afecta la salud pública y, en sus modalidades de falsificación, es sancionado con una pena que va desde los 4 a 10 años de prisión efectiva, y 15 años en caso de existir agravante.
“El artículo 294° del Código Penal señala que la venta, importación y comercialización de medicamentos con fecha de expiración vencida constituye delito que se castiga con penas no menores de cuatro años de prisión, ni mayores de ocho años”, señaló José Brenis, director de Inspección y Certificación de la Digemid.
Detalló que el comercio ilegal de medicamentos no solo constituye un delito contra la salud pública, sino que también vulnera la propiedad intelectual. “Al distribuir productos farmacéuticos y dispositivos médicos falsificados se violan derechos de patentes y marcas, afectando a las empresas formales y su capacidad de invertir en investigación y desarrollo”, remarcó.
Es preciso mencionar que gracias al trabajo realizado por el Grupo Técnico Multisectorial de prevención y combate al contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines (Contrafalme), presidido por el Minsa por medio de la Digemid, en el 2013 se armonizó el Código Penal con la Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, a fin de tipificar el comercio ilegal de medicamentos como delito y así establecer las sanciones vigentes en la actualidad.
“Para contrarrestar esta problemática, la Digemid ha intensificado sus esfuerzos en el ámbito nacional para erradicar estas prácticas delictivas, que no solo afectan la seguridad del paciente, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud”, señaló José Brenis.
Por otro lado, Brenis recomendó a la población que compre medicamentos solo en farmacias y boticas formales, verificando que la medicina cuente con registro sanitario, fecha de vencimiento vigente, que las letras de las etiquetas estén bien definidas, que no hayan sido alteradas y que no sean propiedad de instituciones públicas.
