Premier Adrianzén señaló que carta a la Corte IDH, firmada por presidentes del Ejecutivo y Legislativo, es gesto político de rechazo a intromisión del organismo supranacional.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ratificó la voluntad política del Gobierno para promover proyectos que cierren brechas en las comunidades amazónicas y altoandinas, y aseguró que el Ejecutivo mantiene diálogo constante con las autoridades regionales y locales, a fin de impulsar obras en beneficio de la población sin contravenir la responsabilidad fiscal.
"Las expectativas son grandes, pero los recursos son escasos frente a la cantidad de demandas. Por ello priorizaremos a las comunidades amazónicas y altoandinas, así como los proyectos de agua, saneamiento y de cierre de brechas", indicó el jefe del Gabinete Ministerial en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.
Explicó que mantiene diálogo constante con las autoridades del interior del país. Indicó que sostuvo una reunión de trabajo con los gobernadores de Arequipa, Rohel Sánchez, y de Moquegua, Gilia Gutiérrez, y con los ministros de Ambiente, Juan Carlos Castro; Energía y Minas, Rómulo Mucho; y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para articular medidas ante la contaminación de la cuenca de los ríos Coralaque y Tambo.
Al respecto, el titular de Ambiente informó que se emitirá una declaratoria de emergencia, lo que facilitará el traslado de ayuda humanitaria al distrito de Quinistaquillas, en la provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua), y permitirá la emisión de un decreto de urgencia para el cierre de las operaciones que tiene la empresa minera Aruntani en la localidad, y la remediación de la cuenca del Coralaque.
"El Ministerio de Energía y Minas iniciará acciones legales contra la empresa, y el Ministerio del Ambiente instalará en los próximos 20 días una oficina del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Quinistaquillas, a fin de que la supervisión sea participativa", explicó el ministro Castro.
Asimismo, el premier Adrianzén también informó que se dialogó con los alcaldes de la provincia de Junín, lo que permitió poner fin a sus medidas de fuerza y e impulsar la ejecución de 5 proyectos referidos a pistas y veredas, agua y saneamiento, entre otros rubros.
Carta enviada a la Corte IDH es un gesto político
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que la carta suscrita por la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y enviada a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por afectar la soberanía de un Estado independiente, es un gesto político de rechazo.
"La Corte IDH ha dicho que declarará al Perú en desacato. Nosotros nos defenderemos en las instancias internacionales que correspondan y haremos valer la soberanía del estado de derecho. En el Perú se respeta la división de los poderes", declaró el premier.
Impulso de la política exterior
El Consejo de Ministros acordó modificar el decreto supremo que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial (D. S. nro. 042-2023-PCM) e incorporar el décimo eje denominado “Conducción de una política exterior reforzada al servicio de los intereses permanentes del Perú”.
Con este eje se busca reforzar las acciones orientadas a adherir al Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), incorporar tecnologías al servicio de las comunidades peruanas en el exterior y promover, a nivel regional y global, una respuesta conjunta y pragmática para una migración segura, ordenada y regular.
Asimismo, la modificación de la norma busca cautelar y promover los intereses y derechos del Perú en la región antártica; consolidar, ampliar y profundizar la proyección al Asia Pacífico, a través del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico y la Alianza del Pacífico, y reforzar la política exterior vecinal e integración fronteriza.
Descarta desbalance patrimonial
El titular de la PCM informó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, enviará una respuesta detallada y documentada a la Contraloría General de la República, con el cual desmentirá la existencia de presunto desbalance patrimonial. "No hay nada de qué preocuparse del desbalance que, en condicional, afirman que podría producirse", añadió.
