¡Ya es una realidad! El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley N° 32065, Ley que establece medidas para asegurar el Acceso Universal al Agua Potable - LAU, con el objetivo de asegurar el acceso a agua potable en los ámbitos urbano y rural, prioritariamente para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad que actualmente no cuenta con este recurso. 

 

En el Perú hay 3.15 millones de personas que no tienen agua potable. Si solo se realizan las inversiones convencionales (hacer que el servicio llegue a cada domicilio) esta brecha se cerrará en aproximadamente 10 años. 

 

Con la LAU, se acelerará este proceso disminuyendo el tiempo a 4 años, impactando directamente en la salud de la población pues se reducirán las tasas de anemia y la desnutrición crónica infantil, así como en la economía familiar. 

 

 

Estos objetivos se lograrán porque la norma contempla soluciones efectivas y de rápido impacto como por ejemplo plantas potabilizadoras portátiles y piletas públicas; módulos de agua de lluvia; sistemas de cisternas; reservorio móvil y pilones; filtros intradomiciliarios o comunales, entre otras opciones tecnológicas no convencionales. 

 

Estas medidas temporales y complementarias están diseñadas para proporcionar agua potable mientras se desarrollan las soluciones definitivas, es decir que las conexiones de la red lleguen a cada uno de los domicilios. 

 

La implementación de la LAU, también impacta directamente en el bolsillo de la población, especialmente en las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que tendrán ahorros significativos en sus gastos mensuales. 

 

Actualmente, muchas de estas familias pagan cerca de S/ 100 mensuales a camiones cisterna. Con la LAU, este costo se reducirá en promedio a menos de S/ 20 mensuales, ahorrando hasta S/ 80 al mes, lo que representa una mejora notable en su economía familiar.

 

La LAU también beneficia a usuarios de interés social como las instituciones educativas, establecimientos de salud, viviendas de interés social, comedores populares, albergues, entre otros que no cuenten con acceso al agua potable.

El costo estimado para la intervención de instalación, operación y mantenimiento de las tecnologías no convencionales es de aproximadamente S/ 1,700 millones en los próximos 10 años. 

 

Las intervenciones serán subsidiadas a través del Fondo de Inversión para el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento (FIAS), que también se fortalece con la ley aprobada, pues se asegura su sostenibilidad financiera con diversas fuentes de ingresos, incluyendo transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contribuciones de los gobiernos subnacionales, cooperación internacional y donaciones, así como la implementación de un sistema de subsidios cruzados.

 

La LAU también prevé que el agua potable debe cumplir con la normativa sobre calidad de agua para consumo humano emitida por la autoridad de salud, que se encargará de su vigilancia y fiscalización. Esto garantizará que nuestras intervenciones impacten en la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.

 

Gracias a una amplia mayoría del Congreso de la República, la implementación de la LAU se convierte en un esfuerzo conjunto del MVCS, con los gobiernos regionales y locales, el Ministerio de Salud, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

 

Estamos trabajando para que el acceso al agua potable deje de ser una lucha, para convertirse realmente en un derecho humano de todas las peruanas y peruanos.