El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, presentó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República cuatro propuestas legislativas que incidirán directamente en el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad en el país, iniciativas que se debatirán como parte de la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo al Parlamento.

La primera medida plantea reforzar la prohibición del uso de celulares e internet en los establecimientos penitenciarios, mediante un decreto legislativo que regule las obligaciones y sanciones a las empresas de telecomunicaciones, en el marco de la prohibición de comunicaciones ilegales en el interior de los penales y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

El ministro refirió que esta iniciativa permitirá disminuir la operatividad de bandas y organizaciones criminales desde los penales y hacia ellos, y el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria.

Propuestas

Una segunda propuesta busca reforzar la legislación contra el crimen organizado, mediante la actualización de la Ley N° 30077, que presenta vacíos que dificultan su persecución.

Arana anotó que se regularán las manifestaciones de la criminalidad organizada, precisando criterios de autoría y participación, y se ampliarán sus alcances al delito de banda criminal e incorporarán agravantes especiales. La medida contribuirá también a mejorar la investigación y elevar el reproche penal contra estas organizaciones.

Una tercera propuesta se orienta a fortalecer el sistema penitenciario, con la modificación del Decreto Legislativo N° 1328, que establece que el máximo órgano del Inpe es un consejo directivo multidisciplinario de seis miembros que, a siete años de su emisión, no se ha implementado. El ministro enfatizó que el Inpe requiere una autoridad que pueda adoptar decisiones y ejecutarlas de forma inmediata, lo que dará mayor celeridad a la conducción y toma de decisiones.

La cuarta iniciativa plantea la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para proteger el orden interno. En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1095 no regula de forma adecuada los ámbitos y supuestos que, constitucional y legalmente, justifican esa intervención, por lo que se requiere precisar cuándo la capacidad de la Policía en el control del orden interno ha sido sobrepasada, a efectos de habilitar este apoyo excepcional.

La propuesta apunta a modificar dicho D. Leg., para regular ámbitos en los que se requiere la intervención de las FF. AA., sin que medie la declaratoria de un estado de excepción.