Congreso declara haber lugar a formación de causa penal contra Martín Vizcarra

20/03/2024 10:08 en NACIONALES

El Congreso de la República declara haber lugar a la formación de causa penal contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de:

- Tráfico de influencias agravado

- Obstrucción a la justicia

- Peculado doloso por apropiación para tercero (como instigador)

- Negociación incompatible (como tipificación alternativa)

Mediante la Resolución Legislativa 016-2023-2024-CR, publicad hoy en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Hechos imputados

Tráfico de influencias: Vizcarra se habría reunido con Richard Cisneros Carballido y le habría prometido un puesto en el Ministerio de Cultura sin que este contara con el perfil profesional requerido. Las coordinaciones se habrían dado a través de la participación de la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno Miriam Morales, quien recibió la disposición para que se realice la contratación del señor Richard Javier Cisneros Carballido, la cual se materializa con la intervención de la entonces ministra de Cultura, señora Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios.

Peculado doloso: Vizcarra, en su cargo de presidente de la República, utilizó de manera indebida la administración o custodia de bienes del Estado a favor de Richard Javier Cisneros Carballido.

Negociación incompatible: Vizcarra habría dispuesto la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura a pesar de que no cumplía con los requisitos. Evidenciándose que las áreas encargadas de su contratación elaboraron los términos de referencia adecuando el curriculum vitae del proveedor, por lo que, se configuraría de forma indirecta el provecho de un tercero.

Obstrucción a la justicia: Se habría reunido con Miriam Morales Córdova, Karen Roca Luque y Oscar Vásquez, trabajadores de Palacio de Gobierno, para acordar cómo declararían ante el Ministerio Público en la investigación fiscal abierta contra Richard Javier Cisneros Carballido, quien había sido contratado por el Ministerio de Cultura.

El Congreso asegura que durante el proceso se respetaron las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a una decisión imparcial.

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