Comisión tendrá una vigencia de dos años y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó la “Comisión Sectorial que impulsa la ejecución de Inversiones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos”. Esta iniciativa busca agilizar la ejecución de proyectos de inversión en materia de justicia, con la participación del sector privado.
La Comisión tiene como objetivo principal impulsar la ejecución de proyectos de inversión en materia de justicia, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten obras públicas a cambio de la entrega de Certificados de Inversión Pública (CIP), que pueden ser utilizados para pagar impuestos.
Funciones de la Comisión
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
- Hacer seguimiento a las actividades de gestión y promoción de proyectos de inversión.
- Proponer la priorización de proyectos de inversión a desarrollarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
- Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados.
- Supervisar que los proyectos cumplan con las disposiciones legales.
Composición de la Comisión
La Comisión estará conformada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos o su representante (Presidente); el secretario general del Minjusdh; el Superintendente Nacional de los Registros Públicos o su representante; el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE o su representante; el jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización o su representante; y el jefe de la Oficina General de Administración o su representante.
“Los integrantes titulares de la Comisión Sectorial designan a sus representantes y alternos, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución”, indica la norma.
La Comisión tendrá una vigencia de dos años y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La norma lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Ysa.
