El Representante Permanente del Perú en la OEA, Gustavo Adrianzén, indicó en la cuenta oficial de este despacho en la red social X (antes Twitter) que "el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte".

 

Agregó que "todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar por que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos, los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros".

 

De la misma forma, recordó que ha proporcionado información detallada a la CIDH sobre el desarrollo de la investigación a la Junta Nacional de Justicia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano.

 

Este lunes, la CIDH expresó su preocupación por la investigación sumaria que ha abierto el Congreso de Perú contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y llamó "al respeto del debido proceso".

 

La Comisión remarcó en un comunicado que la JNJ es un "organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales" en el país andino.

 

Alertó, además, que al término de la investigación sumaria encargada a la Comisión de Justicia del Legislativo, se deberá presentar un informe "tras lo cual el Congreso podría remover al pleno de dicho organismo".

 

El organismo reseñó que el Estado peruano comunicó que esta investigación se basa en una "supuesta intromisión" de la JNJ a favor de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, así como en el presunto "incumplimiento de deber constitucional" y de su ley orgánica por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y la "filtración" de información sobre el procedimiento disciplinario que se sigue contra la actual fiscal general, Patricia Benavides.

 

El Estado añadió "que corresponde al Congreso de la República, en el marco de sus competencias y bajo el principio de separación de poderes, la facultad de investigar y remover a los integrantes de la JNJ, para lo cual se aprobó un plan de trabajo".

 

La CIDH agregó que organizaciones de la sociedad civil y personas operadoras de justicia afirman que este procedimiento "no estaría fundamentado en una causal disciplinaria específica 

prevista en el ordenamiento jurídico" peruano.

 

En ese sentido, la Comisión reconoció "la importancia de los controles políticos", aunque advirtió que los que se siguen a los operadores de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas "por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad" que señala el derecho internacional.

 

"Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso", remarcó.

 

La CIDH afirmó que, por ese motivo, la eventual remoción del pleno de la JNJ "sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú".

 

Los magistrados de la JNJ expresaron el jueves pasado su confianza en que la investigación sumaria abierta por el Congreso se declare improcedente o infundada al considerar que no tiene justificación constitucional o jurídica.