Las empresas tendrán mayor estabilidad jurídica para poder financiar buses a gas o eléctricos, lo que representa el inicio al cambio de la matriz energética.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el reglamento que establece las condiciones y los requisitos para el otorgamiento de autorizaciones por cinco años en las rutas de transporte urbano en Lima y Callao con el objetivo de brindar un mejor servicio y mayor seguridad a los usuarios, así como estabilidad jurídica a las empresas.
El nuevo marco legal busca reorganizar el transporte convencional, que comprende aproximadamente 22 000 vehículos, incluyendo ómnibus, cústers y combis, todos debidamente habilitados. Además, se alinea con la Ley 31596, estableciendo que los conductores de estos vehículos no pueden tener antecedentes penales relacionados con la violencia contra niños, niñas o adolescentes.
Asimismo, el servicio deberá contar con recaudo electrónico y monitoreo por GPS para verificar el cumplimiento de las rutas y tener una gestión más eficiente de la flota.
Las empresas ahoran van a tener mas años de autorizacion para trabajar con buses a gas o eléctricos. Estamos planteando que las autorizaciones se amplíen cuando la flota vehicular sea renovada con tecnologías limpias. Eso es lo que se viene”, señaló José Aguilar, presidente ejecutivo de la ATU.
Este
reglamento, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 203-2023-ATU/PE y publicado en el diario oficial El Peruano, señala que la empresa operadora que se comprometa a realizar una renovación progresiva de su flota con vehículos eléctricos, híbridos y a GNV, podrá solicitar la ampliación de la vigencia de su autorización, más allá de los cinco años iniciales.
Las principales características de este nuevo marco legal son: modernización del servicio con GPS, implementación de recaudo electrónico, operación estructurada bajo un nuevo Plan Regulador de Rutas, identificación externa e interna de vehículos y conductores, incentivos a la renovación de flota e inclusión de contratos asociativos (joint venture) para la implementación de flota eléctrica e infraestructura de carga.
También promueve la eliminación de vehículos antiguos a través de programas de chatarreo, la implementación de programas piloto de electromovilidad y la imposición de sanciones severas por agresiones a usuarios o fiscalizadores, incluyendo multas, cancelación de licencias de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una nueva licencia.
Cabe precisar que estas nuevas condiciones entrarán en vigor a partir de la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) correspondiente, que se elaborará en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
