En ese sentido, pidió que el proceso de investigación se dé con las garantías mínimas de ser escuchados y se les permita presentar los argumentos y documentación para defenderse, pues consideran que las imputaciones formuladas carecen de fundamento.

 

“Por ser una institución que en este tiempo que ha venido trabajando ha demostrado que ha roto toda la corrupción, y lo que generaría esto (la decisión del Congreso) sería impunidad y eso es demasiado grave para el país”, señaló la titular de la JNJ a RPP.

 

“Se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial (Javier Arévalo), pero no hay ningún indicio que amerite ello. Entonces, creo que todos los ciudadanos se preguntarán por qué a la Junta quieren removerla. Y la respuesta es esa, se buscaría la impunidad, porque la Junta selecciona a los jueces y fiscales de todo el país, y porque también designa al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación (Reniec)”, precisó Tumialán.

 

En otro momento, indicó que apelarán a todos los mecanismos de protección de derechos tanto a nivel nacional como internacional, ante instituciones como el Tribunal Constitucional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de las Naciones Unidas.

 

“Como JNJ tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional. Por qué, porque somos una institución constitucional autónoma que justamente fue creada después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación, y que en este tiempo que tenemos en el cargo hemos dado muestras suficientes de un trabajo transparente”, remarcó Tumialán.

 

Indicó que van a cumplir con la constitución y la norma, que se sujetan a la investigación y serán los primeros en pedir que se les escuche.

 

Asimismo, señaló que a tres de los miembros de la Junta se les ha abierto una investigación fiscal, a la cual están acudiendo y aportando los elementos necesarios.

 

“Nosotros nos allanamos a las investigaciones, pero con las garantías mínimas de un debido proceso”, indicó la presidenta de la JNJ, quien indicó que no consideran que el Congreso ofrezca dichas garantías. "Entendemos que recién la Comisión de Justicia y Derechos Humanos va a asumir nuestro caso", agregó.