Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pide mayor fiscalización de estos recursos.
Por cuarto año consecutivo la cooperación técnica internacional supera los 400 millones de dólares anuales a favor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, informó este lunes José Gonzales Norris, director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gonzales señaló que el 71% de estos recursos corresponde a cooperación oficial y el 29% a cooperación no gubernamental.
No obstante, refirió que el problema que tiene la APCI para la supervisión de estos recursos, es una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007, que señala que las ONG con aporte de capital privado, no deben rendir cuentas.
El funcionario fue convocado por la comisión para informar sobre el trabajo de fiscalización que realiza la APCI a los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional en el Perú; además de la marcha de la ejecución privada, fuentes cooperantes, entre otros aspectos.
Gonzales Norris indicó que un 50 % de unos tres mil organismos no gubernamentales (ONG), de desarrollo (ONGD) y otros que reciben recursos de fuentes internacionales, registran y dan cuenta de sus actividades. El resto, no.
Mayor fiscalización
Ante esta exposición, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), demandó mayor transparencia y control en los recursos que manejan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, a la fecha, no son auditados y que muchas veces se utilizan de manera diferente a sus propios objetivos.
Aguinaga señaló que no le parece correcto que quienes reclaman constantemente a los peruanos que sean transparentes, hayan presionado al TC para que no se les pida explicaciones sobre los millones que reciben como donación.
Agregó que es necesario revisar este sistema porque, si la ONG pueden recibir aportes privados y acceder a exoneraciones tributarias, entonces hay una obligación de ser transparentes con los recursos que perciben y con lo que dejan de gastar en impuestos.
En otro momento de su intervención, preguntó quiénes ejecutan los proyectos de reducción de la pobreza (28 millones de dólares); desigualdad de género (22 millones de dólares); justicia e instituciones sólidas (59 millones de dólares). Esta información será remitida a la comisión posteriormente.
