Magistrado Gutiérrez Tecse dijo que demanda competencial presentada por el Ministerio Público podría demorar hasta seis meses.
El Tribunal Constitucional (TC) declarará admisible la demanda competencial presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presunto conflicto de competencias, adelantó este martes su integrante, Gustavo Gutiérrez Tecse.
En entrevista a RPP Noticias, el magistrado explicó que básicamente el meollo de la demanda es determinar los límites de la JNJ en su función constitucional del control disciplinario de los jueces y fiscales, respecto a la autonomía administrativa de la que legítimamente gozan los dignatarios de las entidades del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Estamos por suscribir la resolución de admisibilidad (de la demanda competencial) y luego se correrá traslado a la Junta Nacional de Justicia para que responda, tiene 30 días de plazo”, afirmó, tras estimar que el proceso deberá demorar entre cuatro y seis meses para ser resuelto.
Gutiérrez explicó que el poco tiempo que tiene la JNJ, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que funcionó hasta el 2018, hace que aún existan vacíos, como en este caso, que no están del todo definidos, y que serán aclarados por el TC, respetando la autonomía de estas instituciones.
“Hasta dónde son los actos de control disciplinarios (de la Junta Nacional de Justicia) es precisamente el tema de conflicto, de competencia. Cuál es lo permisible para el control disciplinario, cuál es lo permisible para el acto de administración, eso es precisamente lo que vamos a dilucidar, tratando de dar una línea orientativa a la definición de las autonomías y la relación entre los poderes del Estado”, sostuvo.
Señaló que si bien los dignatarios del sistema de justicia, como el presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación tienen autonomía de sus actos administrativos, también se trata de instituciones con perfiles distintos.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, se busca sustraer a la fiscal de la Nación de dos investigaciones preliminares a cargo de la JNJ, al afirmar que las investigaciones interfieren en los "actos de gobierno".
