Jefe del Gabinete sustenta paquete normativo del Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Congreso.
Al sustentar el pedido de facultades legislativas, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que la corrupción, la falta de seguridad ciudadana y delincuencia son los problemas más graves para los ciudadanos, lo cual requiere una respuesta rápida.
"Hemos visto cómo ha crecido la delincuencia y se ha instaurado la cultura del miedo. Esto requiere una respuesta rápida”, dijo ante la Comisión de Constitución del Congreso.
Al respecto, anunció que se regresará a presupuestos históricos para que instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Policía Nacional del Perú enfrenten el narcotráfico.
El jefe del Gabinete Ministerial advirtió que los cultivos de coca en el país han crecido de manera exponencial en los últimos años, por lo que es necesario apoyar a las comunidades y potenciar los cultivos alternativos.
Indicó que de una reducción histórica de 40 000 hectáreas de coca alcanzada el 2015 se ha pasado a 95 000 hectáreas, lo cual es preocupante porque el 90% de estos cultivos se van al narcotráfico.
"La tendencia se revertirá con el compromiso del gobierno de la presidenta Boluarte”, destacó el titular de la PCM ante la Comisión de Constitución.
Otárola aprovechó su exposición en el Parlamento para solicitar que este poder del Estado investigue el crecimiento de los cultivos de coca porque se trata de un problema transversal.
Seguridad ciudadana
Por otro lado, como parte de las medidas en seguridad ciudadana, pidió que se apoye la propuesta para que las requisitorias permanezcan vigentes hasta que se capture al agresor, delincuente, terrorista o narcotraficante.
"No queremos más robos y se va a legislar para ello", sentenció.
También solicitó que se apoye la propuesta para habilitar una gran central de operaciones de emergencia, que uniría los servicios 105 y 911. Esta central concectará a la Policía Nacional con las municipalidades.
Además, destacó que se proponen mayores controles al servicio de transporte público y aplicativos con la supervisión de los antecedentes penales, licencias de conducción vigentes y calificación de los conductores.
