PJ dispuso la detención preliminar de un grupo de diez oficiales y suboficiales tras intervención fiscal en cinco regiones.
Por medio de un comunicado, el Ejército del Perú informó que, en relación con el requerimiento de detención preliminar dispuesta por el Ministerio Público de algunos integrantes de la institución en Cajamarca, Chiclayo, La Libertad, Lima y Piura, brinda todas las facilidades a las autoridades judiciales competentes, a fin de que se realicen las diligencias para esclarecer el presunto delito de colusión agravada ocurrido en el 2022.
En el documento, el instituto castrense renueva su compromiso de trabajar honestamente, con transparencia y respeto al cumplimiento de las normas y leyes del Estado peruano.
Luego de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por siete días de un grupo de diez oficiales y suboficiales del Ejército, investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio de su institución, al haber concertado para defraudar al Estado en la contratación de adquisición de combustible.
La medida fue dispuesta tras una operación policial que se realizó en las localidades de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Lima. Los militares formarían parte, según la imputación fiscal, de una organización conocida como los Centinelas.
La orden judicial fue expedida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, a cargo del magistrado Reynaldo Leonardo Carrillo.
Entre los detenidos figura el jefe del Estado Mayor de la Primera División de Ejército, con sede en Piura, el general de brigada Henry Acosta Bernuy.
También se dispuso la detención de un teniente coronel EP, tres mayores EP, un capitán EP y tres técnicos EP; así como el allanamiento de las villas militares de Lambayeque, Chorrillos (este), entre otros inmuebles.
La concertación de los miembros del Ejército habría generado un perjuicio económico al Estado por más de 50 000 soles.
