Se encargarían de las labores administrativas en las comisarías y dependencias policiales, de manera que los efectivos en actividad refuercen la seguridad ciudadana.
La contratación de personal policial en situación de retiro para cumplir labores administrativas en las comisarías, de manera que los efectivos en actividad puedan sumarse a las tareas de la seguridad ciudadana, fue propuesta en un proyecto de ley del congresista Alfredo Azurín, de la bancada de Somos Perú.
La propuesta busca abordar la falta de personal policial en diversas unidades de la institución y garantizar así el cumplimiento efectivo de sus funciones, relacionadas con el orden público, la seguridad y la investigación policial.
El proyecto propone la incorporación del a
rtículo 97 al
Decreto Legislativo N° 1149,
"Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú". Este nuevo artículo establece las bases para la contratación de personal policial en situación de retiro, a fin de realizar labores administrativas, de manera que el personal activo esté enfocado en labores netamente operativas.
Según lo dispuesto en la propuesta, el personal policial en situación de retiro que cumpla con ciertos requisitos, como no haber sido retirado por medidas disciplinarias o insuficiencia profesional, y que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, podrá ser contratado para desempeñar labores administrativas.
Asimismo, aquellos suboficiales con profesiones acreditadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podrán ser contratados para áreas administrativas específicas.
El
proyecto de ley también establece que la contratación de personal en retiro se llevará a cabo mediante contratos por administración de servicios policiales, y que este personal no asumirá mando ni comando sobre el personal en actividad. Además, se subraya la importancia de realizar exámenes toxicológicos previos a la contratación.
La normativa propuesta enfatiza que esta medida no generará gastos adicionales en el presupuesto público, ya que los costos estarán cubiertos por el presupuesto institucional del Ministerio del Interior.
La iniciativa busca fortalecer la institución policial, al permitir la participación activa de personal en retiro en labores administrativas, optimizando así la eficiencia de la Policía Nacional del Perú y garantizando la continuidad de sus funciones primordiales.