La destitución del magistrado Felipe Palacios Santos, quien, en su actuación como juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, no redactó el texto íntegro de 22 sentencias, no obstante que llevó a cabo la lectura de los fallos, propuso la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En la investigación, la Ocma determinó que Palacios incumplió los plazos legalmente establecidos para redactar las referidas resoluciones, lo cual generó retardos entre un año con tres meses y dos años con diez meses.
La actuación del juez investigado ocasionó también la paralización injustificada de las causas, pues, al no estar redactadas las sentencias, ni descargadas en el sistema y notificadas, generó que no se puedan ejecutar de manera oportuna.
Evasión
Esta situación causó, a la vez, un potencial peligro de evasión de los imputados, más aún porque en cinco casos impuso penas privativas de la libertad efectivas, reveló la Ocma, que jefatura el juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta.
Según la resolución, uno de los casos más resaltantes es del expediente N° 01829-2015-7, en el que el juez condenó al acusado a una pena privativa de la libertad de 24 años con 6 meses por los delitos de evasión de detenido por violencia y amenaza y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y otros, en agravio del Estado. Para tal fin, dispuso la ejecución provisional de la sentencia a partir de la emisión del fallo, agregó.
Además, refirió, con la actuación de Palacios se generó una sensación de impunidad entre los agraviados, pues no vieron materializadas las condenas impuestas y tampoco recibieron las compensaciones económicas por los daños sufridos, al no poder exigirse el pago de la correspondiente reparación civil.
Otra afectación fue a la tutela procesal de los justiciables, los que al no tener conocimiento de los fundamentos de las sentencias no pudieron ejercer de manera efectiva sus derechos de impugnación, contradicción y defensa, informó la Ocma.
Falta muy grave
El magistrado, al inobservar el principio y garantía del debido proceso, incurrió en conducta disfuncional –falta muy grave– que se sanciona con propuesta de destitución.
Después de la evaluación de los actuados y corroborado el irregular proceder del Palacios, la Ocma puso en evidencia su patrón de conducta de persistencia en situaciones graves como la probada, lo que representa un riesgo para la correcta administración de justicia, afirmó.
En este contexto, la jefatura suprema de la Ocma dictó la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial contra el magistrado hasta que se resuelva su situación jurídica ante la instancia competente.
