La ley de Florida SB 1718, que entrará en vigor el sábado, no solo separará a miles de familias inmigrantes, sino que también ocasionará la pérdida de miles de millones de dólares al año en este sureño estado a causa de la previsible escasez de mano de obra, según señalaron legisladores demócratas y activistas.

La norma, que entre otras cosas penaliza a las empresas que contraten indocumentados, ha hecho que, temerosos de una posible deportación, miles de indocumentados se hayan mudado ya a otros estados vecinos, señaló Beatriz López, de la organización Immigration Hub.

“Es un asesino de puestos de trabajo, básicamente”, aseveró el congresista federal por Florida Darren Soto, quien auguró que la norma impactará severamente en sectores clave de la economía floridana como la hostelería, la agricultura y la construcción.

Samuel Vílchez, de la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense, aludió a un estudio de Florida Policy Institute, según el cual la SB 1718 amenaza a cerca de 400,000 indocumentados que trabajan en seis importantes sectores en Florida y suponen casi el 10% de la fuerza laboral.