Magistrado Walter Huayllani explicó que esta sanción se daría si el animal muere.
El “sparring”, que consiste en usar a perros como carnadas para el entrenamiento de otro, es considerado una actividad ilícita al generar padecimiento maltrato y dolor a un animal, por lo cual es penado hasta con cinco años de prisión efectiva en caso de muerte.
“La pena será de tres a cinco años de pena privativa de la libertad con la posibilidad de fijarse una pena efectiva a quien emplee estos animales con fines de “sparring” y que ocasione su muerte, lo cual significará el internamiento en una cárcel pública”, aseguró.
Así lo advirtió el juez Walter Huayllani Choquepuma, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de la Corte de Lima, al señalar que así lo establece el artículo 206° del Código Penal que se refiere a los actos de crueldad contra los animales.
Agregó que si el animal resulte herido producto de esta actividad ilícita, la persona o personas que participen podrían recibir una condena de hasta tres años de cárcel.
Cómplices
En esta misma línea, el magistrado añadió que pueden ser incluidas en este ilícito, y ser condenadas hasta con cinco años de prisión, las personas que participen como cómplices, los veterinarios que suministran las medicinas o vitaminas a los animales, los criadores de perros, entre otros.
“Es evidente que el “sparring” no es ejecutado por una sola persona, intervienen en este hecho desde quien captura al can, quien lo entrena, quien suministra las medicinas. Interviene un conjunto de personas que pueden calzar en esta agravante”, manifestó.
Sin embargo, aseguró que solo serán incluidos en este ilícito siempre y cuando se compruebe que han tenido conocimiento de los hechos que se le imputa.
Los cómplices del “sparring” responden con igual pena del autor así está establecido en el artículo 25° del Código Penal, lo que podría implicar cinco años de cárcel cuando muere el animal o tres años de cárcel si sale herido.
Respecto a los dueños de los canes que son entrenados para pelear, el magistrado aseguró que también podrían ser procesados y condenados debido a su situación de garantes del animal, al permitir estas conductas agresivas, las cuales, en muchas oportunidades, terminan en muerte.
“Se le atribuye responsabilidad penal a los propietarios de los canes que permiten que sus animales sean educados con fines de ataque, finalizó.
