Jefe del Gabinete dijo que estos decretos legislativos permitirán atender eventuales emergencias climáticas y proteger a la población.
El Consejo de Ministros aprobó hoy dos importantes normas que permitirán mejorar la gestión de obras en materia de prevención, ante la probabilidad de nuevos fenómenos climatológicos, así como en salud y educación.
Tras la sesión del Gabinete Ministerial, el premier Alberto Otárola explicó los alcances de estas medidas. En primer lugar, precisó que se aprobó un decreto legislativo que optimiza los procedimientos de adquisición y expropiación de predios para el Plan Integral y de Prevención de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Mencionó que esta iniciativa es importante para salvaguardar el bienestar de la población, especialmente en el norte del país, una de las zonas más afectadas por las intensas precipitaciones.
Asimismo, detalló que la norma se enmarca en la delegación de facultades que otorgó el Congreso de la República al Ejecutivo, para lo cual se está cumpliendo de manera estricta con los compromisos, el marco autoritativo y las materias determinadas por el Parlamento.
El titular de la PCM anunció también la aprobación de un decreto legislativo que establece medidas eficientes para la ejecución y mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud por parte de la ARCC.
“Vemos que muchas veces las obras culminadas tenían algún problema para iniciar su funcionamiento, especialmente hospitales y colegios. Este decreto legislativo permitirá la puesta en marcha inmediata de la infraestructura y que esté al servicio especialmente de los menos favorecidos”, enfatizó
Acompañaron al jefe del Gabinete el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, y el titular de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quienes expusieron también algunos avances aprobados en sus sectores.
Lucha contra la criminalidad
- El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que prorroga el estado de emergencia en la región La Libertad, con el fin de enfrentar la criminalidad.
- Esta permite la intervención de la Policía Nacional en apoyo del orden interno, en un trabajo activo con las municipalidades y el gobierno regional.
