Premier Alberto Otárola dijo que se evaluará y se tomará una decisión sobre aplicación de estas recomendaciones, pero de acuerdo a la Constitución y la normativa peruana.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo esta mañana que el Perú tiene la mejor disposición de evaluar e implementar las 36 recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sobre las protestas sociales, pero no aceptará aquellas que constituyan una injerencia en las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado.
Fue al referirse a recomendaciones referidas a excluir las armas de fuego en el control de las protestas sociales, y delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral, disolución unilateral del Congreso.
En entrevista con RPP Noticias, el premier dijo que el Estado peruano, porque las recomendaciones también alcanzar al Congreso, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, además del Ejecutivo, analizará las recomendaciones y evaluará la pertinencia en su aplicación, pero esto se hará “conforme lo dice el propio Pacto de San José, de acuerdo y de consumo con nuestra propia legislación interna”.
“Eso (las recomendaciones que implican injerencia) tiene un límite, la comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene lagunas y contradicciones que es menester abordar por un solo poder del Estado, que se llama Congreso de la República”, afirmó.
“Nosotros nos remitimos a nuestra Constitución política, podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero lo que no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales, en los organismos constitucionalmente autónomos del Perú”, agregó.
En el caso del uso de las armas de fuego, el premier comentó que Perú tiene uno de los más desarrollados reglamentos o normas sobre el uso de la fuerza, que fue elaborado en asesoría con las Naciones Unidas”.
En la referencia del informe a que la “economía extractivista”, en referencia a la minería, no habría contribuido a reducir la desigualdad social, dijo que se trata de una falacia que olvida el compromiso del Estado peruano con la minería responsable y el cuidado del medio ambiente.
