El vuelo que traslada al expresidente Alejandro Toledo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedente de los Estados Unidos; el expresidente fue extraditado al país a fin de ser sometido a la justcia peruana por casos de corrupción que se le imputan por la concesión de la obra de la Carretera Interoceánica Sur.
Se han extremado las medidas de seguridad en los exteriores de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) con un gran contingente de efectivos policiales.
Este hecho a concitado el interés de toda la prensa nacional e internacional.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llegó a la sede de la DIPA donde se encuentra un equipo de fiscales que recibirá a Toledo.
El exmandatario partió pasadas las 11 de la noche de ayer del aeropuerto de Los Ángeles, California, a bordo de un vuelo de la aerolínea Latam, tras haber pasado unas horas en dicho terminal, hasta donde fue trasladado vía aérea también desde San Francisco.
Desde su partida de San Francisco, Toledo viene siendo custodiado por personal policial estadounidense y de la Interpol, quienes, al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, lo entregarán a la Policía Nacional y al Ministerio Público peruanos.
Ya en territorio nacional el exmandatario será sometido al rutinario control de identidad aplicado a los procesados que son puestos a disposición de la justicia. Esto se desarrollará en la sede del Poder Judicial ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.
El trámite lo realizará la jueza de investigación preparatoria, Margarita Salcedo, quien es la magistrada de turno hoy. Mañana el proceso sobre la Carretera Interoceánica lo retomará el juez Richard Concepción, quien está a cargo del mismo.
Inpe decidirá prisión
Paralelamente, el Instituto Nacional Penitenciario, a través de su junta de calificación, determinará a qué establecimiento penal será derivado Toledo.
Esto debe de concretarse en cumplimiento de la orden de detención preventiva dictada en su contra, en el marco del proceso judicial mencionado.
En este, el Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, ha pedido pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses para Toledo.
