La representación nacional aprobó el documento por con 90 votos a favor, cero en contra y 20 abstenciones.
El informe establece que la descarga del producto no se realizó bajo los parámetros de presión que se establece en la normativa vigente, por lo cual existió una mala práctica durante las operaciones logísticas de descarga. Asimismo, se concluye que la ruptura del PLEM, lo cual originó el derrame, no fue producto de las condiciones climatológicas, ya que no se registraron variantes considerables, incluso se expone que no se realizaron las pruebas de ultrasonidos que se requieren durante los años 2021 y 2022.
Taipe añadió que el desastre medioambiental afectó de manera irreparable el ecosistema y a las personas que se dedicaban pesca artesanal, además de las múltiples actividades ligadas al litoral.
El documento aprobado también recomienda remitir de inmediato el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la conducta funcional de quienes fueron en ese momento jefes del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín y Aníbal Torres Vásquez.
Además de trasladarlo al Ministerio Público para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental lo evalúe e identifique las responsabilidades de los funcionarios públicos y privados por los daños causados en materia ambiental.
Por su parte, la legisladora Margot Palacios (PL) expresó que el informe grafica el grave daño causado por el derrame de los 12,000 barriles de petróleo. Su colega de bancada, Kelly Portalatino (PL) señaló que la aprobación del informe reivindica los derechos fundamentales de la población afectada y exigió que la empresa Repsol pague la indemnización impuesta por Indecopi, la cual asciende a 4,500 millones de dólares.
Recomendaciones
El informe recomienda a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, hacer la valoración correspondiente y tomar acciones que por ley le compete, identificando a los responsables, funcionarios públicos y privados, involucrados en los daños causados en materia ambiental.
Asimismo, pide al Ministerio Publico, que en la denuncia que obra en la respectiva carpeta fiscal, se considere a la empresa RELAPASAA y al grupo Económico Repsol como terceros civilmente responsables.
De igual manera, recomienda al Ministerio Público, considerar además de los damnificados de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucayama y Chancay, a los que resultaron afectados de Puerto Supe y Barranca en condición de agraviados.
Se propone al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asumir la orientación y asistencia legal de las poblaciones afectadas, en los procesos judiciales que se entablen, a fin de que la empresa RELAPASSA y el Grupo Económico Repsol asuman el cumplimiento de las compensaciones e indemnizaciones.
Se recomienda la reapertura del padrón de los afectados, a quienes eventualmente y previa verificación, se deberá incluir en las indemnizaciones por los diferentes tipos de daños ocasionados.
Al Ministerio de Salud, se le pide que realice exámenes médicos y haga vigilancia del estado de salud general de las personas residentes en el área geográfica afectada, así como el monitoreo periódico de la calidad del agua marina, durante los próximos años.
Al Ministerio de la Producción se recomienda el monitoreo constante de los productos hidrobiológicos obtenidos en la zona afectada y en la costa norte del país, con la finalidad de prevenir el consumo de producto contaminado.
Al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Producción, se les insta a conformar un comité multidisciplinario especializado, afín de que se inicie el proceso de valorización económica por los daños ocasionados en el medio ambiente, la fauna marina y la población.
Se indica que la empresa RELAPASAA debe asumir el cumplimiento de reparaciones colectivas e integrales, como encargados de resarcir el daño causado, en términos ambientales, ecológicos, y vida humana óptima.
El informe consigna que RELAPASAA debe cumplir con remitir la información de la limpieza realizada de los sitios declarados rehabilitados, con validación de los sectores de fiscalización y control del Estado.
