Ante el pleno del Congreso, Vicente Romero informó que solo en Lima existen 143 procesos por estos delitos, y 182 en el resto del país.
Hasta el 6 de marzo último se han registrado 819 detenidos a nivel nacional, a consecuencia de las protestas, bloqueos de carreteras y daños a la propiedad pública y privada que han afectado al país en los últimos tres meses, informó este jueves el ministro del Interior, Vicente Romero.
En su presentación ante el pleno del Congreso, para responder a la moción de interpelación aprobada la semana pasada, el titular del Mininter informó que a marzo del 2023 existen 143 procesos por delitos de disturbios en Lima, y 182 procesos por delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos a nivel nacional, sin incluir Lima.
Asimismo, se cuentan 17 detenidos con prisión preventiva, 4 de ellos por delito de disturbios y 13 por delitos de disturbios e entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, con prisión de un mes a nueve meses, en el marco del proceso inmediato.
El ministro del Interior ratificó en su intervención en el Parlamento que la actuación de la Policía Nacional se hizo para restablecer el orden, en el marco de la ley y respetando los derechos humanos.
“Es preciso señalar que en todo momento ha prevalecido el principio de autoridad; se actuó con firmeza, frente a los responsables de los actos vandálicos y daños de las protestas”, afirmó.
“La política del sector Interior, acorde con la política general del gobierno, ha sido y será de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, con plena observancia de los derechos humanos. El mantenimiento del orden interno, solo pueden producirse en el marco de los derechos humanos.
Toma de Lima
En otro momento de su intervención, el ministro Romero informó que producto de una bien planificada e implementada estrategia policial, el 19 de enero se frustró la denominada “Toma de Lima”, fortaleciendo con ello la defensa del sistema democrático.
Según contó, la Policía evitó que alrededor de 90,000 personas se movilizaran desde las provincias hacia la capital de la República para, a través de medios violentos, destituir al gobierno, liberar al expresidente Pedro Castillo, y restituirlo en el poder.
Con respecto a la región Puno, principal foco de las protestas contra el gobierno, el ministro del Interior señaló que en febrero pasado se inició la reparación de 12 dependencias policiales, 7 comisarías, 2 puestos de vigilancia de frontera, una unidad de emergencia, un departamento de investigación criminal, y la sede de la macro región policial que fueron afectados por las protestas sociales.
Finalmente, y como muestra del compromiso, adelantó que la Policía Nacional creará una división de derechos humanos en su estructura orgánica.
