Pide al sistema interamericano y Naciones Unidas tomar atención sobre este tema.

 La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado mediante el cual sienta posición sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Congreso.

De acuerdo a la entidad, dicho fallo constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado de derecho, pues la jurisprudencia indica que no existen zonas exentas de control constitucional.

Indicó que sentencias previas del TC garantizaron que todo acto del poder público se somete a la Constitución, incluidos los del Parlamento.

“Ha incorporado la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, retirando del control jurisdiccional a ciertos actos del Parlamento, sin justificar el apartamiento de la línea jurisprudencial sostenida hasta el momento”, señala.

Agrega que ello implica un retroceso en la defensa de derechos y, además, debilita la fuerza normativa de la Constitución y el Estado constitucional de derecho.

“Como resulta evidente, existen actos discrecionales sujetos a valoración política, pero ello no significa que no puedan afectar derechos fundamentales que corresponde a los jueces garantizar”, agrega.

Advierte que el fallo afecta la independencia judicial, ya que, de acuerdo con la Constitución, existe el principio de independencia judicial y ninguna autoridad puede interferir en un proceso a cargo de un juez.

“Lo resuelto por el TC resulta particularmente grave, pues, incluso, ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia evaluar la conducta funcional de los jueces que dictaron dichas resoluciones”, enfatizó.

Advierte que ello disuadirá a los jueces a quienes se solicite ejercer control de actos parlamentarios.

Agrega que el TC no está jerárquicamente por encima de Poder Judicial. Por el contrario, ambos son autónomos y ejercen sus competencias. Lo contrario –añade– constituye un desbalance de poderes.

Rechaza

La Defensoría advierte que la sentencia pretende limitar el pleno ejercicio de sus facultades por considerar que se encuentra “acéfala” cuando cesa en sus funciones su titular electo por el Congreso y que su sucesor/a debe limitarse a labores administrativas.

“La Defensoría del Pueblo rechaza dicha interpretación, la cual nos llevaría a claudicar e incumplir el mandato constitucional de defensa irrestricta de los derechos [...]”, dice.

“Hacemos un llamado a los estamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organismos del Sistema de Naciones Unidas para que tomen atención sobre la situación de nuestra institución en un contexto de debilitamiento de la democracia”, concluye.