Con 17 votos a favor, subcomisión acordó acusar a los exministros por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Con 17 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional 328, que recomienda acusar a los exministros Betssy Chavez (en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros), Roberto Sánchez y Willy Huerta por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
A ellos se les acusa de ser presuntos autores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y, alternativamente, por la presunta comisión del delito de conspiración en agravio del Estado.
Se recomienda acusar a los ex titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Comercio Exterior y Turismo e Interior, así como suspender a Sánchez y Chávez de sus cargos como congresistas hasta que culminen las investigaciones.
El referido informe deberá ser debatido y ratificado ahora por la Comisión Permanente, para luego ser votado finalmente en el Pleno del Congreso.
El congresista Wilson Soto (Acción Popular) tuvo a su cargo la exposición del informe final, donde señaló que el ex presidente Pedro Castillo ordenó "el alzamiento en armas en contra del orden constitucional y los poderes del Estado" a la Policía Nacional del Perú y al Ejército.
Asimismo, según la denuncia constitucional, la ex jefa del gabinete sostuvo una reunión en Palacio horas antes del golpe de Estado con Castillo y Aníbal Torres. También se le acusó de ordenar el ingreso de manifestantes a favor del anterior gobierno a la Plaza Mayor de Lima el 7 de diciembre de 2022.
Según Soto, Huerta acató órdenes de Castillo "cuando este ya estaba al frente de un gobierno usurpador".
En el caso de Sánchez, este se habría mostrado a favor de la medida adoptada por Castillo de declarar la disolución del Parlamento y la recomposición del sistema judicial.
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