Ministra Hania Pérez de Cuéllar se presentó ante la comisión de Presupuesto del Congreso para informar los avances de su gestión y el resultado del trabajo de las brigadas técnicas en las regiones.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destrabó 39 proyectos por un valor de 682 millones de soles, de un total de 52 obras paralizadas que corresponden al sector, lo que beneficiará a miles de pobladores en todo el país.
La información la brindó la ministra Hania Pérez de Cuéllar, quien dijo que, al asumir el cargo, en diciembre de 2022, encontró más de 270 obras paralizadas a nivel nacional, lo que implica que 3.5 millones de personas no recibieron agua y saneamiento.
Precisó que, a la fecha, se encuentran en proceso de reactivación un total de 231 obras con un costo aproximado de 5,204 millones de soles, de los cuales 179 corresponden a los gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales (S/ 3,563), y el resto al sector Vivienda.
En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, la ministra resaltó que su sector viene impulsando brigadas técnicas en regiones para asistir a las autoridades regionales y municipales en la aceleración y destrabe de proyectos de agua, saneamiento, vivienda, entre otras materias.
Refirió que estas mesas de trabajo se han instalado en Ica, Ayacucho, Cusco y hoy se está realizando una en Piura y Madre de Dios, con la participación de especialistas del MVCS, y de los gobiernos subnacionales.
“Tenemos una programación de dos mesas por semana para cubrir todas las regiones al mes de mayo. Esperamos con esto poder lograr y destrabar la mayoría de proyectos que se encuentran bloqueados” refirió.
Respecto al presupuesto total para agua, saneamiento y vivienda, la titular del sector precisó que el gobierno nacional (MVCS) maneja entre 20% y 25 %, mientras que los gobiernos provinciales entre 60% y 70 %, en tanto, los gobiernos regionales manejan entre 5% y 15%.
Pérez de Cuéllar destacó también que, en poco más de dos meses de gestión, logró incrementar la ejecución presupuestal del sector Vivienda en términos de destrabe de inversiones, al pasar de 60 %, en diciembre de 2022, a 95 % en febrero de este año, es decir, más de 30 puntos porcentuales.
Cierre de brechas en agua y saneamiento
De otro lado, la ministra señaló que el presupuesto asignado en materia de agua y saneamiento para este año es de 6,000 millones de soles, lo que resulta insuficiente para cerrar las brechas que existen en el país. “Si queremos cubrir o cerrar la brecha al 2026 necesitamos 41,000 millones de soles”.
En esa línea, detalló que a nivel nacional existen 3 millones 100,000 peruanos y peruanas que no tienen acceso al agua, es decir, el 9.5 % de la población total del país, mientras que 7 millones 750,000 personas no tienen acceso a saneamiento, lo que representa el 23.5 % del total de habitantes.
“Así como existe una deuda social en educación, también lo hay en agua y saneamiento. El Perú tiene sed y no lo digo con un afán político, hay peruanos que solo cuentan con 40 minutos de agua al día; eso no es un derecho para nuestros niños”, afirmó.
Lucha contra la corrupción
La ministra de Vivienda reafirmó su compromiso de trabajar con rigor técnico, sensibilidad social, y absoluta integridad para la ejecución y destrabe de obras del sector, así como la lucha frontal contra la corrupción.
Dijo que ‘encontró el ministerio en ruina moral y de gestión’ tras las graves irregularidades cometidas por las administraciones anteriores, las que han sido derivadas a la Procuraduría, Contraloría y el Ministerio Público para las investigaciones y acciones correspondientes.
Refirió también que se desvinculó aproximadamente a 400 personas que prestaban servicio en el MVCS.
“Al único que perjudica la corrupción es al poblador, a esa madre de familia que tiene que cargar agua. Eso me indigna. La corrupción es nuestro principal enemigo, nuestro enemigo común”, enfatizó.
Hania Pérez de Cuéllar informó finalmente, que se ha propuesto al directorio de Sedapal la evaluación de una comisión de especialistas para hacer un diagnóstico objetivo de la institución y luego, considerar la reorganización y modernización con el fin de brindar un mejor servicio a la población.
