En un comunicado conjunto consideran inaceptable el nivel extremo de violencia que afecta a su personal y, por otro lado, reiteran su plena subordinación a la Constitución y a las leyes.
Los Ministerios de Defensa y del Interior deploraron los ataques registrados en los últimos días contra 13 dependencias policiales, por parte de extremistas violentos que pusieron en riesgo la vida de los policías, sino que ocasionaron graves daños a esta infraestructura del Estado, como ocurrió en nueve de ellas, que fueron incendiadas.
En un comunicado conjunto, condenaron los constantes, violentos y, en algunos casos, simultáneos ataques contra los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Cusco, Ayacucho y Andahuaylas, y rechazaron el ataque contra 14 sedes judiciales, siete de las cuales también fueron incendiadas.
En el documento, consideran inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden, en especial contra los agentes policiales a quienes lanzaron artefactos incendiarios e incluso fueron tomados como rehenes y rociados con gasolina para canjearlos por detenidos bajo amenaza de quemarlos vivos.
Ambos ministerios expresaron su total respaldo y defensa al personal policial y militar que viene cumpliendo una sacrificada labor en el mantenimiento del orden interno y la protección de los activos críticos en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y demás normas vigentes.
Recordaron que dichas normas regulan el empleo de la fuerza bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y contemplan el uso de la fuerza letal "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves".
En el comunicado conjunto, ambos sectores llaman la atención respecto a lo señalado por la normatividad internacional, como el Protocolo para la Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito por el Perú en 1989.
Mencionan que en el citado protocolo, incorporado en la Guía Legislativa del Régimen Jurídico Universal contra el Terrorismo de la ONU, se establece que comete delito quien destruya “o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto".
Finalmente, reiteran su plena subordinación a la Constitución y a las leyes, y recuerdan que, como lo estipula el artículo 44 de la Carta Magna, su deber primordial es la defensa de la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población ante amenazas contra su seguridad y bienestar.
