JNE considera propuesta como inconstitucional y una injerencia política en la justicia electoral, y sostiene que tiene la protección de la CIDH.
La bancada Avanza País presentó un proyecto de reforma constitucional que recorta, por única vez, el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
La iniciativa fue presentada por la congresista Roselli Amuruz y busca incorporar una disposición transitoria especial en la Constitución Política del Perú, a fin de que los titulares del JNE y ONPE concluyan su mandato en abril del 2023, de manera que las elecciones anticipadas que se celebren en abril del 2024 sean dirigidas por nuevas autoridades.
El presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, entre uno de sus vocales supremos, en tanto que el jefe de la ONPE es resultado de un concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia.
En la exposición de motivos, el proyecto de Amuruz señala que el objetivo de estos cambios se plantea por única vez “a fin de construir confianza en el país” y generar neutralidad en las próximas elecciones generales, que se realizarán en abril del 2024.
Como antecedente, señala que, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, se incorporaron disposiciones transitorias especiales en que se consideraba el recorte del mandato de los jefes de la ONPE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero que, finalmente, los titulares de los organismos electorales fueron cambiados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Injerencia inconstitucional
En un pronunciamiento del 21 de diciembre pasado, y anticipándose a la presentación de este proyecto, el pleno del JNE emitió un comunicado en el que rechaza el recorte del mandato a las autoridades electorales, por “implicar una injerencia indebida en la autonomía de los organismos electorales (…) lo que constituye un grave atentado contra la administración y la justicia electoral en el país”.
"Una intervención ilegal en el sistema electoral, mediante una ley con nombre propio, es además notoriamente inconstitucional”, señala.
También sostiene que, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el sistema electoral peruano está protegido respecto a las injerencias de todo tipo, en especial de orden político.
