El nuevo fondo que se ha conseguido aprobar en la cumbre del clima de la ONU dará respuesta a las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático en los países más expuestos a sus efectos, si bien quedan pendientes algunas cuestiones sobre las que los negociadores no lograron consenso.

Al inicio de la COP27, la Unión Europea, EE. UU. y Japón eran reacios a crear un fondo a corto plazo.

Sharm el Sheij, Egipto EFE

A falta de conocer los detalles sobre cómo funcionará, quién deberá aportar dinero o cuándo exactamente estará totalmente operativo, la COP27 convino componer un Comité de Transición de 24 miembros que deberán ser nominados en diciembre del 2022, que tendrá que tomar decisiones sobre el nuevo fondo para finales del 2023.

Responsables

Su aprobación fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones en las que los Estados más vulnerables ante los efectos adversos de la crisis climática lograron convencer a los países desarrollados de que tienen la responsabilidad moral de costear los daños económicos que les ocasiona el calentamiento global.

Pero la cuestión de quién debe pagar la factura lleva ocupando un espacio en la cooperación climática internacional desde que los países en desarrollo –principales víctimas de las consecuencias del calentamiento al que apenas contribuyen– exigieron hace tres décadas solidaridad por parte de los mayores emisores.

Estados insulares

En la COP27, solo el hecho de que la temática fuera incluida en la agenda oficial fue un motivo de celebración para estos países –entre ellos, los estados insulares fueron los que ejercieron mayor presión–, aunque se introdujo de tal forma que dejaba margen para decidir qué hacer al respecto –si crear un fondo o no– hasta el 2024.

Al inicio de la COP27, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros, eran reacios a crear un fondo a corto plazo.

Desde el bloque europeo argüían que se tardaría años en ponerlo en marcha y eso retrasaría la movilización de dinero en tiempos que demandan respuestas urgentes, expresó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en declaraciones a los medios.

Organismos

En lugar de establecer un fondo ad hoc para pérdidas y daños, las economías más industrializadas proponían recurrir a los instrumentos financieros ya existentes bajo el paraguas de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

Finalmente, tras ver que los estados en desarrollo no desistían en reclamar un fondo nuevo, pues no se fiaban de que los instrumentos financieros existentes fueran a servir para atajar las pérdidas y daños, como confió la ministra de acción climática de San Cristóbal y Nieves, Joyelle Clarke, la UE cedió para desatascar el diálogo y presentó su propia propuesta de fondo.

La oferta de la UE formaba parte de una “solución mosaico” con la que planteó asumir esas reparaciones climáticas, que incluía también otros arreglos financieros y de “enfoques innovadores” para encontrar nuevas fuentes de financiación y facilitar el acceso a las ayudas.

En ese punto, la disputa radicaba en la base de donantes y de receptores: quiénes podrían beneficiarse del apoyo económico y quiénes debían contribuir.

Propuesta

La propuesta que plantearon los países del G77 y China se basaba en una clasificación de estados de 1992, de forma que todos los países considerados “en desarrollo” según el Anexo I de UNFCCC –entre los que se incluyen China, Catar, Arabia Saudí o Kuwait– pudieran acceder a la ayuda, y que los “desarrollados” fueran los donantes.

Las potencias occidentales, como la UE, criticaron esa dualidad y esa clasificación concreta, pues alegaban que “el mundo ya no se puede concebir como era hace treinta años”, ya que “ahora el mundo es mucho más complejo”, dijo Timmermans.

Preocupados por la disponibilidad de dinero para las potenciales aportaciones al fondo, los negociadores de la UE –con EE. UU. de su lado, según informaron fuentes europeas– presionaron para ampliar el abanico de donantes de forma que incluyera también a otros estados con capacidad financiera, como China, así como al sector privado.

Por otro lado, recalcaban que el fondo debía solo responder a las pérdidas y los daños climáticos en los países más vulnerables ante este fenómeno, pues advertían que si todos los etiquetados como “en desarrollo” según el Anexo I se beneficiaran, el margen de apoyo financiero sería bastante más limitado para los países que realmente precisan ayuda urgente por impactos climáticos, como las islas.

El texto acordado, no obstante, sigue sin explicitar a quién se exigiría aportar dinero al fondo.

Destrucción

El concepto de pérdidas y daños se refiere a lo económico –casas y puentes devastados por riadas, cultivos destruidos por la sequía–, pero también a lo “no económico”, como es la pérdida de culturas, las migraciones forzadas y el aumento del nivel de los océanos, que le come terreno a los estados insulares. Los países pobres y en desarrollo han pedido este fondo desde hace tres décadas, y en esta COP27 hicieron fuerza en el G77, que aglutina a 134 naciones.

Su argumento es que históricamente no han contribuido apenas al calentamiento global, pero al mismo tiempo sufren más las consecuencias de unos efectos climáticos extremos cuya intensidad y frecuencia aumentaron según la comunidad científica.

El 2022 vino cargado de desastres, con las inundaciones en Pakistán, que dejaron 33 millones de damnificados, o la sequía en Somalia, sinónimo de una amenaza de hambruna.

“Lo que sí se logró en esta COP es que todo el mundo en desarrollo actuara bajo el grupo del G77+China de forma unificada”, destacó la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhamad.