En el encuentro subrayó que todas las acciones del Ministerio Público se enmarcan en el respeto irrestricto del Estado de derecho.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo hoy una reunión con la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la cual se trató sobre la función constitucional del Ministerio Público de perseguir el delito, el cumplimiento de esa obligación con estricto apego a la Carta Magna, los tratados internacionales y leyes peruanas, así como la importancia del respeto a la autonomía e independencia de esta institución.
Benavides Vargas refirió que la investigación preliminar y la denuncia constitucional presentada al Congreso contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se han realizado en el marco constitucional y las convenciones internacionales de la que es parte el Perú, preservando el debido proceso y con el escrutinio del Poder Judicial.
Esta denuncia constitucional está sustentada en indicios suficientes de la comisión de los delitos investigados; siendo ahora competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República determinar si la aprueba o no; decisión de la que depende si se avanza en las investigaciones en etapa preparatoria, sostuvo.
Al respecto, aseveró que todas las acciones del Ministerio Público se enmarcan en el respeto irrestricto y escrupuloso del Estado de derecho.
Manifestó que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa, reconocida no solo en la Constitución Política del Perú, sino también en el artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
En esa línea refirió que en el cumplimiento del deber constitucional de perseguir el delito y luchar contra la corrupción, los fiscales y su persona han sido objeto de ataques, presiones, amenazas, denuncias y hasta insultos de altos funcionarios gubernamentales y actores políticos, con un evidente propósito de obstruir las investigaciones.
Durante la reunión, la fiscal de la Nación absolvió las consultas formuladas por la Misión de la OEA en el Perú, integrada por ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y un representante de la Secretaría General del organismo.
La visita de esta misión fue dispuesta mediante resolución del Consejo Permanente de la OEA, luego de que el Gobierno peruano solicitara activar la Carta Democrática Interamericana.
