En el transcurso de este año adquirió 342 predios donde se ejecutarán proyectos de aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles.
Un total de 161 millones 434,852 soles pagó en lo que va del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en favor de centenares de familias de zonas urbanas y rurales por la compra de predios requeridos para la construcción de proyectos del sector.
El propósito es contribuir con el inicio y la continuidad de la ejecución de las obras destinadas al cierre de brechas de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de la población del país.
Como parte de este trabajo, el MTC, por medio de la Dirección de Disponibilidad de Predios (DDP), adquirió 342 predios entre enero y octubre del 2022. Así, obtuvo el 100% de adquisiciones de predios para las ampliaciones de los aeropuertos de Chiclayo, Arequipa y Tacna, así como del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona y Truck Center Ancón.
Además, se ha registrado el 98% de avance en la adquisición de predios en los aeropuertos de Iquitos, Tumbes y Trujillo, así como en el Ferrocarril Huancayo–Huancavelica. También están adquiriendo predios para el aeropuerto de Jauja, el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao, Puente Alto Molino (Arequipa), segunda calzada de la carretera Piur-Paita y la Vía Longitudinal de la sierra norte Tramo 2.
Proceso de adquisición
La compra de predios se hace mediante las modalidades establecidas en el Decreto Legislativo 1192, que regula los procesos de adquisición, expropiación, reconocimiento del pago de mejoras, transferencias interestatales, liberación de interferencias, entre otros, con respeto de los derechos de los afectados
La Constitución establece la potestad del Estado para la adquisición forzosa de la propiedad privada por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, como es el caso de los proyectos del sector transportes, previo pago en efectivo de la indemnización que incluye compensación por el eventual perjuicio.
El monto final que se paga a los afectados incluye la valorización de las áreas de terreno, edificaciones, obras complementarias, plantaciones y otros elementos; así como la valorización por el lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la afectación, en el caso de que el inmueble sea utilizado para negocio.
De igual manera, se incluye un pago por daño emergente, o sea, por los gastos de traslado de bienes muebles, pago de alquiler de un inmueble temporal, gastos de búsqueda de otra vivienda, entre otros.
Esta valorización se efectúa siguiendo los criterios, metodologías y procesos previstos en el Reglamento Nacional de Tasaciones aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la participación de profesionales especialistas reconocidos por este sector calificados como peritos tasadores.
Además, la normativa establece el pago de un incentivo del 20% sobre el valor comercial del inmueble en favor de los afectados que, cumpliendo los requisitos de ley, acepten la firma de los acuerdos de adquisición por trato directo y se comprometan a la entrega rápida del inmueble.
